Determinar si el condenado se presentó voluntariamente ante la autoridad policial para confesar y si éste pudo no eludir la acción de la justicia, son cuestiones privativas de los jueces de fondo.
Parlamento Europeo aprueba ampliación de ley contra la trata de personas.
Segundo Tribunal Ambiental rechazó reclamación de la Municipalidad de Maipú en contra de la aprobación del proyecto “Edificio Pajaritos”.
Guerra entre cerveceras: Corte Suprema da luz verde a “Amstel Ultra”, al considerar que la palabra “ultra” no puede ser apropiada como un signo exclusivo por una empresa competidora.
Proyecto de ley modifica diversos cuerpos legales con el objeto de factibilizar el proceso de reconstrucción urbana y habitacional e impetrar medidas preventivas del riesgo de desastres.
Rumania es responsable por absolver a oficiales del ejército condenados en la década de 1950 por cometer crímenes contra los judíos rumanos, resuelve el TEDH.
El sometimiento político del sistema electoral en el Perú.
Que el presidente del JNE sea elegido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República no lo convierte en una especie de representante sujeto al mandato imperativo de dicha corporación. Si eso fuese así entonces el JNE terminaría siendo un apéndice o brazo ejecutor, si se quiere, de la Corte Suprema de Justicia de la República. Algo que no solo resulta inconstitucional sino también contrario al diseño institucional de administración electoral consagrado en la Constitución.
Irán atacó a Israel ¿se equivocó?
La consabida reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, demostró una vez más, que no hay ningún acuerdo, que las posiciones no han variado frente a la situación del Medio Oriente, sobre Gaza y la guerra de más de seis meses, la causa palestina, la necesaria ayuda humanitaria, o las sanciones a Israel. La paz del mundo está, y más que antes, verdaderamente amenazada.
El estigma de los divorciados y el valor de la inscripción en el Registro Civi.
Comprendiendo el sentimiento de las personas viudas y divorciadas que se han sentido discriminadas y que han enfrentado prejuicios, y que incluso podría afectar a otros estados civiles, por ejemplo, un soltero mayor que ha logrado contraer matrimonio o acuerdo de unión civil, que podríamos decir de él. Creo que debemos reconsiderar este proyecto, en particular, porque en ocasiones el divorcio y resultado de faltas muy graves, atentados, Comisión de delitos, si bien estas causas no figuran en el Registro.
“¿88 o 180?”: Sobre el proyecto de ley que busca terminar el debate sobre el cálculo de los tiempos de espera de choferes de carga interurbana.
la norma acepta que los tiempos de espera no son imputables a la jornada laboral; y, por la otra, que la división para el cálculo de los tiempos de espera debe hacerse con el máximo de la jornada ordinaria (180) y no con el máximo de tiempos de espera (88). Indudablemente, esta discrepancia plantea una incoherencia en la manera de regular los tiempos de espera, proponiendo un texto que no se apega a las reglas de la lógica, especialmente, al principio de no contradicción.
Martín Jofré Celis, cofundador de CryptoMarket: “Es vital distinguir entre métodos de autenticación seguros y procesos que recopilan datos sensibles, los cuales, si no se manejan adecuadamente, pueden ser utilizados para suplantación de identidad.
Jofré recomienda utilizar métodos de autenticación robustos para proteger la identidad de los usuarios y asegurar un acceso seguro a sistemas y datos sensibles. Se deben utilizar una amplia gama de técnicas avanzadas, incluyendo autenticación de dos factores (2FA), autenticación multifactor (MFA), y métodos biométricos, entre otros. Estas medidas son cruciales para mantener la seguridad en los procesos de registro y operación.
Eduardo Schindler explica por qué la democracia directa es la mejor alternativa para mejorar el Chile de hoy.
El que haya un ajuste hacia una cierta equivalencia entre los niveles de libertad/autonomía cívica y económica es inevitable. Si es sin la democracia directa, el ajuste será hacia la mayor pobreza y menor libertad de otrora - que es el proceso en que se encuentra Chile desde hace ya varios años. Si es con la introducción de la democracia directa, entonces se podrá no sólo frenar y revertir el “caer para atrás”, sino que se podrá además acceder a un proceso virtuoso y auto-sostenible hacia niveles cada vez mayores de libertad y prosperidad.
Militarización de la seguridad ciudadana: ¿Es legítima la intervención de las Fuerzas Armadas como colaboradores en el control del orden público?
La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, y actual alcaldesa de Peñalolén, ha sido una de las voces más relevantes que se han manifestado a favor de la polémica iniciativa, planteando la necesidad de un actuar colaborativo de las instituciones para hacer frente a los nuevos tipos de criminalidad que afectan al país, tomando las medidas y resguardos que sean necesarios para que su intervención contribuya al fortalecimiento de las policías en el marco de una situación excepcional: “Es importante aclarar que nadie está pidiendo que los militares reemplacen a las policías, pero hay que ver la lógica de la emergencia que estamos viviendo (…) hoy día hay una necesidad y hay que tener empatía con las víctimas y con las personas que están viviendo esa necesidad”.
El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile profundiza en los principales riesgos que representa el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas policiales desde el punto de vista de su pertinencia técnica: “Mientras su reglamentación no se ajuste a otros nuevos objetivos y doctrinas, la acción militar carecerá de directrices responsables y practicables y las fuerzas militares así desplegadas podrían representar un riesgo mayor que el peligro para el cual se les pretende usar”. Frente a la propuesta de militarización de la seguridad ciudadana, el académico propone abordar el fenómeno desde otra perspectiva, principalmente apuntando hacia el fortalecimiento de la institucionalidad vigente a través de diversas medidas.
Sobre el proyecto que tipifica como asesinatos de odio, los transfemicidios, transmaculinicidios, travesticidios, lesbicidios y homocidios.
La propuesta presentada este pasado 28 de marzo, busca garantizar la justicia y evitar la impunidad en los crímenes de odio, especialmente aquellos dirigidos hacia la población trans y LGBTIQ+.
A raíz de una presunta denuncia de canibalismo. Proyecto de ley pretende tipificar el delito de antropofagia y agravar las penas como una posible respuesta del ius puniendi estatal a conductas provenientes de carteles de drogas.
Es importante comprender que este proyecto de ley, más allá de proponer la tipificación de nuevos hechos punibles y agravar las penas en caso de que se incurran en conductas de antropofagia, se encuentra enmarcado dentro de un contexto cultural cambiante en nuestro país y que inevitablemente se ha visto impregnado por los efectos de una inmigración descontrolada.
Sobre el proyecto que tipifica como asesinatos de odio, los transfemicidios, transmaculinicidios, travesticidios, lesbicidios y homocidios.
La propuesta presentada este pasado 28 de marzo, busca garantizar la justicia y evitar la impunidad en los crímenes de odio, especialmente aquellos dirigidos hacia la población trans y LGBTIQ+.
A raíz de una presunta denuncia de canibalismo. Proyecto de ley pretende tipificar el delito de antropofagia y agravar las penas como una posible respuesta del ius puniendi estatal a conductas provenientes de carteles de drogas.
Es importante comprender que este proyecto de ley, más allá de proponer la tipificación de nuevos hechos punibles y agravar las penas en caso de que se incurran en conductas de antropofagia, se encuentra enmarcado dentro de un contexto cultural cambiante en nuestro país y que inevitablemente se ha visto impregnado por los efectos de una inmigración descontrolada.
Militarización de la seguridad ciudadana: ¿Es legítima la intervención de las Fuerzas Armadas como colaboradores en el control del orden público?
La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, y actual alcaldesa de Peñalolén, ha sido una de las voces más relevantes que se han manifestado a favor de la polémica iniciativa, planteando la necesidad de un actuar colaborativo de las instituciones para hacer frente a los nuevos tipos de criminalidad que afectan al país, tomando las medidas y resguardos que sean necesarios para que su intervención contribuya al fortalecimiento de las policías en el marco de una situación excepcional: “Es importante aclarar que nadie está pidiendo que los militares reemplacen a las policías, pero hay que ver la lógica de la emergencia que estamos viviendo (…) hoy día hay una necesidad y hay que tener empatía con las víctimas y con las personas que están viviendo esa necesidad”.
El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile profundiza en los principales riesgos que representa el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas policiales desde el punto de vista de su pertinencia técnica: “Mientras su reglamentación no se ajuste a otros nuevos objetivos y doctrinas, la acción militar carecerá de directrices responsables y practicables y las fuerzas militares así desplegadas podrían representar un riesgo mayor que el peligro para el cual se les pretende usar”. Frente a la propuesta de militarización de la seguridad ciudadana, el académico propone abordar el fenómeno desde otra perspectiva, principalmente apuntando hacia el fortalecimiento de la institucionalidad vigente a través de diversas medidas.