En una reciente publicación del medio confidencial.digital se da a conocer el artículo «24 organizaciones demandan tratado internacional para castigar crímenes de lesa humanidad».
Un grupo de 24 organizaciones, nacionales e internacionales, en una declaración conjunta dirigida a los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU), demandaron la apertura de negociaciones para elaborar un tratado internacional sobre crímenes de lesa humanidad que garantice que se «prohíba explícitamente las amnistías y otras medidas similares de impunidad».
Las organizaciones firmantes consideran «de primordial importancia» que con ese marco regulatorio se subsane «una evidente laguna en el derecho internacional convencional» que obligue a los Estados a prohibir medidas legales «que tengan por efecto impedir la posibilidad de enjuiciar y sancionar a los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad».
A pesar que los crímenes de lesa humanidad se encuentran entre los crímenes más graves del derecho internacional, aún no existe un tratado que regule su prevención y castigo. En 2019, la Comisión de Derecho International (CDI) aprobó un proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad. Tres años después, la Asamblea General de la ONU inició un proceso, de dos años, para considerar la recomendación de la CDI, que concluirá este 2024.
En el pronunciamiento las 24 organizaciones llaman a los Estados a que trabajen en la «elaboración y adopción» de una Convención sobre la prevención y el castigo de crímenes de lesa humanidad.
También piden que esa futura Convención «prohíba explícitamente las amnistías respecto
de crímenes de lesa humanidad y otras medidas de impunidad similares que pueden tener por efecto exonerar a sus autores o presuntos autores de cualquier procedimiento o sanción penal».
Prohibición de amnistías y otras medidas de impunidad
Las organizaciones señalan que numerosos países en el mundo han adoptado leyes de amnistía «que tienen por efecto impedir la investigación y sanción penal» de autores de estos crímenes «frecuentemente justificando esta decisión como una medida necesaria para facilitar procesos de transición o negociaciones políticas».
«Las leyes de amnistía y las medidas de naturaleza similar favorecen una cultura de impunidad y, por ende, contribuyen a propiciar la comisión del mismo tipo de hechos», advierten.
Prueba de ello, explican, es que el Consejo de Seguridad y varios Comités de la ONU han afirmado que «no se pueden conceder amnistías para crímenes de lesa humanidad».
Una investigación de Amnistía Internacional señala que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Especial para Sierra Leona, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y los tribunales nacionales de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Etiopía, y Perú, entre otros Estados donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, «comparten la opinión de que el derecho internacional consuetudinario considera inaceptables las amnistías para los presuntos responsables penales de crímenes de lesa humanidad».
Ortega y Murillo señalados de crímenes de lesa humanidad
El régimen de Daniel Ortega y las autoridades de al menos siete instituciones del Estado, encabezadas por la Policía, cometieron crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses que se expresaron en la Rebelión de Abril de 2018, concluyó el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado en marzo de 2023.
Ante la confirmación de crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales que se sostienen hasta la fecha, el Grupo recomendó a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua.
“El GHREN tiene motivos razonables para creer que autoridades del más alto nivel de la estructura del Estado, incluyendo al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como altos mandos de las jefaturas de la Policía Nacional, participaron en la comisión de los delitos documentados en el informe”, sostuvo el grupo de expertos, creado por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, para investigar los abusos cometidos en Nicaragua desde 2018.
Las 24 organizaciones
Entre las 24 organizaciones firmantes de la declaración conjunta están: Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), de Perú; Apuesta Solidaria AC (ASAC), de México; Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA); Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, de Nicaragua; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Argentina; y el Instituto Raza e Igualdad.
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También son firmantes el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus, Observatorio Luz Ibarburu, de Uruguay; Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), de Perú; y la Oficina para Mesoamérica de Protection International.
Además firman el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género (Corporación Humanas), de Chile; Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLA DEM), Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, Estudio para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (DEMUS), de Perú; Instituto de Defensa Legal (IDL), de Perú; Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), de República Dominicana; Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), TRIAL International, Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA), Urnas Abiertas, de Nicaragua; y Washington Office for Latin America (WOLA).