El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, promulgó un proyecto de ley que convierte a Luisiana en el primer Estado en exigir que las aulas de las escuelas públicas exhiban los Diez Mandamientos de la biblia. Las escuelas también tendrán autorización, aunque no la obligación, de exhibir el Pacto Mayflower, la Declaración de Independencia y la Ordenanza del Noroeste, todos documentos de gran importancia histórica para Estados Unidos.
Al desarrollar el proyecto de ley HB 71, la Cámara de Representantes de Luisiana se apoyó significativamente en precedentes establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos, específicamente los casos American Legion v. American Humanists Association de 2019 y Van Orden v. Perry de 2005. En el caso Van Orden, el tribunal determinó que la Cláusula de Establecimiento bajo la Primera Enmienda no prohibía todas las formas de legislación o acción gubernamental que tuvieran un contexto religioso.
En American Legion, se reafirmó este criterio al decidir que una cruz conmemorativa no violaba la Cláusula de Establecimiento. La Cámara de Representantes estatal enfatizó estos casos para subrayar la importancia de que los estudiantes comprendan y aprecien los documentos fundamentales del gobierno estatal y nacional.
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Así, la Cámara aprobó el proyecto de ley con 79 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones. Posteriormente el gobernador Landry promulgó la ley durante una conferencia de prensa sobre educación y utilizó la plataforma X para anunciar la noticia, señalando que se estaba cumpliendo una promesa de campaña relacionada con la reforma educativa y la implementación del “sentido común en las aulas”.
Diversos sectores han cuestionado la constitucionalidad de la ley, anticipando posibles litigios. Así, la Freedom From Religion Foundation (FFRF) publicó una respuesta, citando al gobernador Landry. A pesar de intentos similares en otros Estados como Texas y Oklahoma, las dificultades legales han impedido avances significativos en esas jurisdicciones.
Según lo establecido en la ley, los carteles que se mostrarán en las aulas serán proporcionados a través de donaciones, sin utilizar fondos estatales para su implementación.
“La ley viola la separación de la Iglesia y el Estado y es descaradamente inconstitucional», dijeron los grupos en una declaración conjunta. La Primera Enmienda promete que todos podremos decidir por nosotros mismos qué creencias religiosas, si las hay, mantener y practicar, sin presión del gobierno. Los políticos no tienen por qué imponer su doctrina religiosa preferida a los estudiantes y familias en las escuelas públicas”, señalaron grupos opositores a la medida.