La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones concluyó la votación de las indicaciones al texto legal, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 18.168, General de Telecomunicaciones, en materia de individualización y registro de datos de los usuarios de servicios de telefonía en la modalidad de prepago.
La instancia, presidia por la senadora Ximena Ordenes, profundizó una serie de aspectos destinados a la persecución más eficaz de los delitos y del crimen organizado, por lo que aprobó por unanimidad que las concesionarias de servicio público telefónico y de transmisión de datos deberán financiar un sistema que permita el bloqueo efectivo de los dispositivos robados.
Al respecto, la Subsecretaría mediante normativa técnica definirá, entre otros, los mecanismos, condiciones y/o requisitos que deberá cumplir este sistema.
Además, se creó el delito de adulteración de IMEI. Así, “el que, adultere o modifique el IMEI, entendido como la identidad internacional del equipo móvil, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales”.
Cabe hacer presente que una vez sea emitido el respectivo informe de la Comisión, el texto estará en condiciones de ser analizado en particular por la Sala del Senado.
La senadora Ordenes agradeció el despacho y el trabajo realizado entre la Comisión y la Subsecretaría de Telecomunicaciones. “El proyecto es parte de los compromisos de la agenda de seguridad pública. Es una norma relevante y esperamos que esté en Sala prontamente”, precisó.
Adicionalmente, el senador Enrique Van Rysselberghe manifestó la posibilidad de invitar nuevamente a la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público, “para saber si hay propuestas adicionales para un futuro proyecto que pudiera iniciarse desde la misma Comisión”.
En tanto, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, indicó que se están abordando temas en materia de Seguridad Pública. “Hay una cantidad relevante de estafas por vía telefónica o WhatsApp que se hacen desde teléfonos de prepago que hoy están innominados… Ahora habrá un usuario responsable”.
Además, valoró que se aborde el robo de equipamientos y la obligación de las empresas a que el registro de contratos incluya características biométricas. “Lo que nos falta es que un teléfono que haya sido sustraído de verdad sea inutilizable”, recalcó.
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El proyecto indica, entre otros, que “las concesionarias de servicio público telefónico, antes de iniciar la provisión del servicio telefónico a usuarios que no tengan asociados la facturación mensual o el cobro de un cargo fijo, deberán solicitar los datos necesarios para su correcta individualización, tales como el nombre completo, el domicilio, el número de cédula de identidad o número de pasaporte del usuario, así como la identidad internacional del equipo móvil (IMEI), la estación móvil de la red digital de servicios integrados (MSISDN) y la identidad internacional del abonado móvil (IMSI) y otras que la Subsecretaría pueda indicar en la norma técnica aplicable, la que contemplará mecanismos que permitan garantizar la identidad del usuario. El usuario registrado del respectivo servicio deberá ser mayor de edad”.
Vea moción del Boletín Nº12042-15 y siga su tramitación aquí.