La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el viernes una ley federal que tipifica como delito la tenencia de armas de personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica.
En su primer caso de la Segunda Enmienda desde que ampliaron los derechos a portar armas en 2022, los jueces fallaron 8-1 a favor de una prohibición de armas de fuego en 1994 para las personas bajo órdenes de mantenerse alejadas de sus cónyuges o parejas. Los jueces revocaron un fallo del tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans que había anulado la ley.
La administración de Biden defendió la legislación como fundamental para proteger la seguridad pública y las víctimas de abusos, que a menudo son mujeres. Argumentó que la prohibición debería sobrevivir debido a la larga tradición en Estados Unidos de quitar armas a personas consideradas peligrosas.
Además, enfatizó que las armas representan una amenaza particularmente grave en situaciones de violencia doméstica y también son extremadamente peligrosas para los agentes de policía llamados a responder.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió en el fallo que desde la fundación de la nación, las leyes sobre armas de fuego se han dirigido a personas que amenazan con dañar físicamente a otros.
«Cuando una orden de restricción contiene un hallazgo de que un individuo representa una amenaza creíble a la seguridad física de una pareja íntima, a ese individuo se le puede prohibir, de acuerdo con la Segunda Enmienda, la posesión de armas de fuego mientras la orden esté vigente», escribió Roberts.
El juez conservador Clarence Thomas, quien redactó el fallo de 2022 en el caso de la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York contra Bruen, fue el único disidente. Thomas dijo que la decisión anterior era clara.
«Ni una sola regulación histórica justifica el estatuto en cuestión», escribió Thomas.
El caso llevado ante la Corte Suprema involucró a Zackey Rahimi, un hombre de Texas que se declaró culpable en 2021 de posesión ilegal de armas en violación de esta ley, mientras estaba sujeto a una orden de restricción por agredir a su novia en un estacionamiento y luego amenazar con dispararle.
La policía encontró una pistola y un rifle mientras registraba su residencia en relación con al menos cinco tiroteos, incluido el uso de un rifle de asalto para disparar contra la casa de un hombre a quien le había vendido drogas.
Un juez federal rechazó la impugnación de la Segunda Enmienda presentada por Rahimi y lo condenó a más de seis años de prisión. La violación de la ley sobre armas de violencia doméstica inicialmente se castigaba con hasta 10 años de prisión, pero desde entonces se ha elevado a 15 años.
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En una reacción poco después de conocerse el veredicto, el Centro Nacional de Derecho de la Mujer tildó como “obvia” la decisión de la Corte Suprema de revocar “el peligroso fallo” que llevó el caso hasta sus jueces.
Fatima Goss Graves, directora ejecutiva de la oenegé con sede en Washington, agregó que “sin embargo, la decisión de (el caso) Rahimi preserva el status quo, lo que nos deja en un lugar donde la violencia armada sigue siendo un riesgo enorme para las personas que sufren violencia de género».
«Este sigue siendo un país donde la violencia armada es una epidemia que devasta a demasiadas familias y desestabiliza a demasiadas comunidades», dijo Goss Graves en un comunicado remitido a la Voz de América.