La iniciativa, patrocinada por los senadores Sebastián Keitel, David Sandoval y Esteban Velásquez, junto a las senadoras Isabel Allende y Fabiola Campillai, modifica la Ley General de Bancos para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el sistema financiero, y en particular, explicitar que las entidades bancarias y sociedades de apoyo al giro deban tener diseño y accesibilidad universal en los métodos de pago (terminales de punto de venta), cajeros automáticos, sucursales, sitios electrónicos y de canales o aplicaciones de carácter electrónico o informático que permitan la autorización, captura, agregación y comunicación de operaciones de pago, entre otras medidas de inclusión.
Los autores de la moción refieren que, si bien el uso de las nuevas tecnologías ha facilitado la vida de muchas personas, lamentablemente algunas de ellas han producido la discriminación o segregación de ciertos sectores de la población.
Colocan el énfasis en el problema producido por las nuevas máquinas de pago táctiles de teclado digital plano, denominadas terminales de punto de venta (TPV o POS), caracterizadas por la inexistencia de botones, imposibilidad de conectar audífonos y establecer un orden aleatorio de los números, lo cual hace imposible el uso autónomo para las personas con discapacidad visual y muchos adultos mayores, debiendo depender muchas veces en un tercero desconocido al cual deben decirles su clave de tarjeta y confiar en que el monto que les esté cobrando sea el correcto.
Citan el III Estudio Nacional de la Discapacidad 2022, según el cual en nuestro país se estima que el 17,6% de la población tiene algún tipo de discapacidad, de la cual 1,7 millones es categorizada como severa, y existen cerca de 153 mil adultos ciegos y 4,6 millones de personas con pérdida de visión. Además, el referido informe expone que el 13,7% de los menores de edad tienen algún grado de discapacidad visual y que tenemos una creciente población adulta mayor que cuenta con dificultades de visión.
Al respecto, señalan que a partir de esta situación se ofició durante el segundo semestre del año 2023 a la Comisión para el Mercado Financiero, en cuya respuesta se deja constancia de que no existe norma que regule medidas de inclusión para terminales de puntos de venta («P.O.S.») y cajeros automáticos.
Desde otra perspectiva, refieren que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro Congreso Nacional y vigente desde el año 2008, reconoce los principios de autonomía individual, no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, entre otros.
Complementan lo anterior, señalando que, en el caso del sistema financiero, los Estados Partes, se obligan a adoptar todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones al crédito financiero, y velar por que no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
En la misma línea, citan la Constitución Política, la cual también reconoce que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos (artículo 1) y asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, no pudiendo la ley ni autoridad alguna establecer diferencias arbitrarias (artículo 19 N° 2).
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Al respecto, previenen que la actual Ley de Bancos no dispone de una norma específica que se refiera a la inclusión de personas con discapacidad en el sistema financiero, sin perjuicio que le sean aplicables el marco legal general que dispone la Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad, en materia laboral, sobre edificaciones, disponibilidad de estacionamientos, entre otras.
En concreto, proponen incorporar un nuevo artículo a la Ley de Bancos que regule esta materia, y además incluya otros elementos y/o medidas destinadas a fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el sistema financiero, tales como el diseño y accesibilidad universal para los cajeros automáticos, sucursales, sitios electrónicos y de canales o aplicaciones de carácter electrónico o informático que permitan la autorización, captura, agregación y comunicación de operaciones de pago, entre otras medidas de inclusión.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en las Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado.
Vea texto de la moción Boletín N° 16.927-35 y siga su tramitación aquí.