En nuestro primer día como ministros del Tercer Tribunal Ambiental, Valdivia nos recibió como suele recibir esta ciudad a todas sus visitas: con lluvia. El día anterior habíamos jurado en la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y, sin demora, esa misma noche viajamos a la que sería nuestra ciudad por varios años. Traigo a colación este momento, porque, caminando por la costanera, bajo la lluvia, buscando un lugar donde instalar el tribunal, reflexionamos sobre el desafío que teníamos en frente, pues no sólo se trataba de arrendar un edificio para trabajar, sino que fundar una institución permanente del Estado; fundarla sobre bases sólidas. Esto era realmente construir desde cero.
A un año del inicio del trabajo de nuestro tribunal, estamos convencidos de que el avance ha sido sustancial, especialmente en lo relacionado a la comprensión que la ciudadanía tiene de la oportunidad y relevancia de un organismo jurisdiccional especializado en resolver controversias ambientales. Un organismo que, consistentemente, ha dado muestras de comprender las particularidades de la zona en que desarrolla sus actividades y que tiene la responsabilidad de servir con todas sus capacidades a la ciudadanía de la zona sur y austral de Chile.
Tres grandes áreas de trabajo han sido la preocupación del pleno de ministros y los funcionarios del tribunal: Instalación administrativa, acceso a la justicia especializada y calidad del trabajo jurisdiccional.
Sobre la primera de ellas, podemos decir con mucha satisfacción que contamos con un equipo profesional de la mayor calidad humana y técnica, varios de ellos con postgrado en universidades nacionales y extranjeras, en disciplinas como derecho, economía, ciencias ambientales, administración contable y de organizaciones, comunicaciones y políticas públicas. Junto a ello, nuestras instalaciones son adecuadas para un trabajo acorde a lo exigido por la Ley. Si bien en un principio recibimos el apoyo del Juzgado de Garantía de Valdivia, actualmente contamos con un edificio para atender a la comunidad de manera expedita y eficaz.
Por su parte, el tema del acceso a la justicia especializada es un área a la que hemos dedicado particular interés, pues reconocemos en nuestra jurisdicción una serie de desafíos, no sólo territoriales, sino que mayormente de heterogeneidad. Así es, pues desde la Región del Biobío hasta la de Magallanes encontramos comunidades y ecosistemas de la más variada composición. Ante ello, nuestro tribunal ha debido tomar decisiones que propendan a un acceso igualitario, sin distinciones, como lo es la implementación de un sistema electrónico de ingreso y administración de causas, que permite a los abogados iniciar los procesos sin concurrir a autorizar poder, ni hacer entrega personal de los escritos en Valdivia o en los Juzgados de Letras de sus respectivas ciudades de origen.
En la tarea de mejorar el acceso, hemos contado con gran respaldo de parte de las Cortes de Apelaciones de la jurisdicción que, siempre, han prestado colaboración y sabio consejo para guiar la serie de decisiones que hemos implementado en esta área. Por ejemplo, en lo relativo a trasladar físicamente la labor del tribunal a los lugares donde las comunidades lo requieran, cuando aspectos como distancia o recursos financieros amenacen con impedir un justo acceso a la justicia. Así, hemos sesionado en Punta Arenas; desarrollado audiencias de alegatos en Concepción y próximamente en Coyhaique; firmado acuerdos de cooperación como lo hicimos con la Corte de Temuco y pronto con Punta Arenas, además de una serie de actividades conjuntas destinadas a informar a la comunidad acerca del trabajo jurisdiccional del tribunal ambiental.
Adicionalmente, hemos establecido un fluido y fructífero trabajo de colaboración con los medios de comunicación, de quienes agradecemos el constante apoyo con la difusión de nuestras acciones. Recientemente además hemos comenzado a transmitir vía streaming las audiencias de alegatos, lo que busca fortalecer nuestra agenda de transparencia, entendiendo que los medios actuales dan numerosas oportunidades para hacerlo ampliamente.
Pero nuestra principal preocupación ha sido, es y será, la calidad de los fallos para resolver las controversias ambientales que somos llamados a atender. La Ley que crea los tribunales ambientales nos impone un régimen de cumplimiento bastante alto en materia de calidad. También nos entrega recursos para hacerlo. Nuestra responsabilidad, por tanto, es proveer dichos recursos y organizar nuestras capacidades para ponerlas al servicio de la ciudadanía a través de buenos fallos, de fallos que otorguen certeza de justicia a la partes, a la vez que fortalezcan el sistema democrático por medio de la acción diligente, ecuánime y robusta técnicamente de sus tribunales.
Estos son los pilares sobre los cuales estamos construyendo el Tercer Tribunal Ambiental de nuestro país. En este primer año hemos disfrutado mucho enfrentar la complejidad de la tarea, pero disfrutamos aún más la promesa de los años venideros, la que nos habla de una institución que se consolida prestando un servicio público de la mayor relevancia para Chile como lo es el administrar justicia (Santiago, 9 diciembre 2014)