El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno español en contra de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de Medidas Fiscales, Administrativas, Financieras y del Sector Público de Cataluña.
Al efecto, la Magistratura Constitucional española acordó conferir traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
Asimismo, el Pleno el TC ibérico acordó la suspensión automática de la norma recurrida al haberse invocado por el Gobierno la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Política, que al efecto expresa: “El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
Se espera que en los próximos días la Magistratura Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento.
Vea texto íntegro de la resolución.
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