Recientemente, la Asamblea Nacional francesa aprobó el último tramo pendiente de la ley de moralización de la vida pública que deberá regir su comportamiento en cuanto funcionarios electos durante el resto de su mandato, al igual que el de otros cargos públicos.
Cabe recordar que la norma, una promesa del Presidente Emmanuel Macron durante una campaña plagada de escándalos de los candidatos, prohíbe entre otros que los parlamentarios empleen a familiares y restringe las actividades que los políticos pueden combinar con su acción pública.
Así, la ley de “confianza en la vida pública”, como se llama finalmente la normativa, responde a una “triple ambición jurídica, ética y política”, afirmó la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, al presentar el texto para su votación final. Belloubet consideró una “responsabilidad política” que la legislatura comience con una ley como esta, que busca recuperar la “relación de confianza” de los ciudadanos con sus políticos, especialmente tras una campaña cargada de escándalos de nepotismo y financiación opaca de los partidos de la que no se ha librado ni el Gobierno de Macron.
El que se perfilaba como favorito al Elíseo, el candidato conservador François Fillon, vio cómo se descarrilaba su carrera después de que la prensa revelara que durante años su esposa, Penelope, y sus hijos cobraron un jugoso salario como ayudantes parlamentarios pese a que no había rastro de su labor en el hemiciclo. A ello se unieron las denuncias de los contratos que Fillon logró con una consultora que abrió justo antes de asumir su acta como parlamentario. Ambas prácticas, la contratación de familiares y la combinación de un puesto público con una actividad de consultoría están expresamente prohibidas en la nueva ley, que también impide ejercer como legislador a quien no haya pagado sus impuestos.
Y es que pese a la promesa de transparencia y probidad, el propio gabinete de Macron se ha visto afectado por casos que esta ley penalizará a partir de ahora. Su primer ministro de Justicia y autor principal de la normativa moralizadora, François Bayrou, se vio obligado a dimitir, al igual que otras dos ministras de su partido, el centrista MoDem, por presuntas irregularidades en el pago a asistentes de los europarlamentarios de su formación, una acusación que pesa también sobre el partido de ultraderecha Frente Nacional. Un cuarto ministro y mano derecha durante la campaña de Macron, Richard Ferrand, también dejó su cartera bajo sospechas de nepotismo y dirige ahora a la mayoría parlamentaria de LRM. Y el candidato designado para cubrir el puesto en el Consejo Constitucional después que Belloubet asumiera la cartera de Justicia, el senador Michel Mercier, acaba de renunciar después de que se revelara que también él pagó a su hija como asistente parlamentaria cuando esta tenía un contrato en Londres.
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