El sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), publicó en su sección Programa Américas, el texto “Sobre la responsabilidad de las empresas frente a las personas y el planeta”.
La BCN sostiene que cada vez surgen más iniciativas que apuntan a clarificar cuál es la responsabilidad de las empresas frente a trabajadores, consumidores, comunidades, al medioambiente y la biodiversidad.
A través de su operación, afirma, las empresas tienen la capacidad de afectar positiva o negativamente sobre una serie de actores tales como trabajadores, consumidores finales y comunidades, además del medio ambiente.
Explica, que sin perjuicio de que todo tipo de empresas puede tener consecuencias positivas en la sociedad –por ejemplo mediante la creación de empleos y provisión de bienes y servicios necesarios-, existen algunas empresas cuyo propósito fundamental es generar valor social y medioambiental, además de económico. Este tipo de compañías ha recibido diferentes denominaciones, una de las más usadas es “empresas de beneficio e interés colectivo”.
La BCN aclara que estas empresas pueden realizar operaciones sin certificarse, o bien, pueden voluntariamente recurrir a la certificación privada. El Sistema B es la alternativa de certificación más difundida en el continente americano. Este sistema garantiza que la empresa en cuestión cumple altos estándares concernientes a transparencia, relaciones laborales, medioambiente y comunidad. Las empresas que obtienen esta certificación son las llamadas Empresas B.
A continuación, el documento recuerda que la idea de una certificación privada nació el año 2006 en Estados Unidos con B Lab y no tardó demasiado en llegar a Latinoamérica de la mano de Sistema B, organización chilena sin fines de lucro.
Por esto, destaca, es que más de un tercio de las Empresas B certificadas en la región están en Chile, y, aunque actualmente nuestro país es el tercer país del mundo con más Empresas B totales (luego de Estados Unidos y Canadá), es el país con más Empresas B per cápita del mundo.
Con ello, plantea, que a medida que se multiplica la cantidad de empresas que buscan tener un “triple impacto” -social, medioambiental y económico- se hace más patente la necesidad de contar con una legislación que las regule de manera específica. Ello, con el propósito de darles credibilidad y dotarlas de certeza jurídica frente a consumidores e inversionistas.
Luego, sostiene el texto, que en las Américas, el país que más legislación ha desarrollado en esta materia es Estados Unidos, donde más de 30 Estados ya tienen una legislación especial para las denominadas benefit corporations. Por su parte, en Canadá también existe legislación que norma las community contribution companies. En otros países como Argentina y Colombia, la materia ya se encuentra en estado de tramitación legislativa.
En cuanto a Chile, añade, en junio de 2017 los diputados Felipe Kast y Maya Fernández presentaron un proyecto de ley (Boletín Nº 11273-03) que regula la creación y el funcionamiento de las empresas de beneficio e interés colectivo. Uno de los propósitos del proyecto es dotar a nuestro país de un marco jurídico que regule este tipo de empresas, estén o no certificadas por entidades privadas.  
Enseguida, la BCN expone que si bien los países cuentan con ordenamientos jurídicos que establecen normas y sanciones en estos casos, muchas veces estos no son suficientes. Por ello, a nivel internacional se han generado una serie de principios que definen cuáles son las obligaciones de las empresas frente a la sociedad, las que se agrupan bajo el denominado “enfoque de derechos humanos y empresas”.
En el año 2011, dice el texto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por unanimidad el documento “Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, el que se fundamenta en tres pilares: La obligación del Estado de proteger los derechos humanos; La obligación de las empresas a respetar los derechos humanos; La obligación de ambos a remediar, si existen abusos.
Nuestro país, remarca la BCN, se encuentra ad portas del lanzamiento del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, el que pretende establecer acciones específicas –y medibles- que realizará el Estado para avanzar hacia la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial. El lanzamiento será el día 21 de Agosto 2017, siendo encabezado por la Presidenta Bachelet.

Vea texto íntegro del documento

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