La moción de los senadores Espina, Larraín, García y Prokurica, modifica el Código Procesal Penal con el objeto aumentar la protección de la ciudadanía frente a la delincuencia.
Al respecto, los legisladores indicaron que “disminuir la delincuencia en los términos que la ciudadanía espera de las autoridades sigue siendo una deuda pendiente. La experiencia demuestra que para lograr cumplir este objetivo con éxito se debe abordar con políticas de Estado, entendiéndose por estas aquellas que perduran en el tiempo, más allá de los gobierno y que son objeto permanente de evaluaciones para perfeccionarlas”.
En ese sentido, manifestaron la necesidad de “avanzar simultáneamente en la prevención del delito; el control del delito, lo que significa que una vez cometido se pueda identificar, detener y sancionar al culpable; y la rehabilitación y reinserción social de quienes los cometen, particularmente cuando se trata de jóvenes, sin descuidar por cierto el esfuerzo que se debe hacer en los primerizos, cualquiera sea su edad”.
Por lo anterior, los autores propusieron 10 medidas concretas, que apuntan en el sentido indicado anteriormente. Ellas estaban ampliamente contempladas en dos mensajes impulsados por el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. Uno de ellos relativo al Control Preventivo de Identidad y el otro al proyecto conocido como “Reforma de la Reforma”.
Al efecto, los parlamentarios proponen establecer un control preventivo de identidad, interrogación inmediata de testigos, detención de personas en las situaciones en que exista constancia de su participación en un hecho ilícito en grabaciones o filmaciones, posibilidad de registrar la ropa y el vehículo de un detenido, permitir que el fiscal y las policías puedan detener a quien confiese libremente un delito.
Asimismo, se busca permitir al Juez de Garantía la suspensión de la primera audiencia judicial, por un plazo de dos horas, cuando no ha llegado el Fiscal; sin tener que liberar de inmediato al detenido y exigiendo en dicho plazo la presencia del Fiscal. Además otorga la posibilidad a la Policía, para que durante el registro de un lugar cerrado, incaute las especies robadas aunque provengan de un delito distinto al que dio origen al registro, asimilándolo al tratamiento del delito flagrante.
De otro lado, el proyecto faculta a los Jueces para que puedan considerar como causal de peligro de fuga y disponer la prisión preventiva de un detenido, cuando éste ha tenido reiteradas detenciones por crímenes o simples delitos.
Finalmente, se prevé establecer por Ley un Banco Unificado de Datos y la Coordinación entre el Ministerio Público y Policías, con el objeto de que informen al Consejo Nacional de Seguridad Pública, respecto del diagnóstico que hacen sobre la realidad delictual del país.
La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional y será analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado su estudio.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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