La moción de los diputados Becker, Monckeberg y Paulsen expone que la legislación relativa a la migración ilegal, que data de 1975, no va de la mano con los requerimientos que la sociedad chilena posee en el presente. Así, respecto a la situación de extranjeros que intentan ingresar al territorio nacional, por pasos no habilitados, clandestinamente, al ser sorprendidos, son puestos a disposición del Ministerio Público, y dejados en libertad, ya sea inmediatamente (quedando citados a comparecer ante el Ministerio Público) o en la audiencia de control de la detención. Casi siempre quedan en libertad, dentro del país, a la espera que se resuelva su situación judicial. Si no comparecen posteriormente, se despacha una orden de detención, la que desde luego muchas veces no se cumple porque recae sobre personas que no tienen domicilio ni trabajo, y que pueden desplazarse por todo el territorio nacional.
Por lo expuesto, la moción busca terminar con este contrasentido –el que para sancionar a quien ingresa ilegalmente al país se le deba permitir el acceso- actualizando la legislación, para que aquellos que sean sorprendidos ingresando de manera clandestina al país, por primera vez, puedan ser impedidos del ingreso, sin perjuicio de hacer la denuncia al Ministerio Público para que quede registro del hecho, de cara a una eventual reiteración o concurso material de delitos, del artículo 75 del Código Penal, en el caso que nuevamente sean sorprendidos ejecutando la misma conducta. De esta forma, en ese caso, será más factible aplicar una pena más alta, y, además, perseguir que la espera del resultado del proceso judicial sea con una medida cautelar personal más intensa, que asegure los fines del procedimiento.
En razón de lo expuesto, esta moción modifica el artículo 16 del DL 1.094, que establece Normas sobre Extranjeros en Chile, estableciendo que quienes por primera vez sean sorprendidos intentando el ingreso a Chile por pasos no habilitados, serán expulsados inmediatamente del país; y en caso de reiteración, serán detenidos y formalizados por ambos hechos, debiendo el Tribunal de Garantía decretar una medida cautelar personal que asegure los fines del procedimiento.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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