Organizaciones de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares interpusieron una denuncia ante la ONU contra el Estado de Chile por la aprobación del proyecto de protección de las masas de hielo que, a su juicio, vulnera derechos humanos, porque no asegura el acceso al agua potable tanto para el consumo humano como para el cultivo.
Cabe recordar que Chile cuenta con el 82% de la superficie Glaciar de América del Sur, que corresponde a un total de casi 24.000 glaciares, que se extienden de norte a sur en cada una de las regiones del país. Como tales constituyen una de las principales reservas de agua del continente, cumpliendo importantes funciones climáticas y ambientales.
Las comunidades dirigieron su misiva a siete relatorías del organismo internacional por el derecho a beber agua limpia, a la alimentación, goce de salud física y mental, disfrute de medio ambiente sin riesgos, derechos culturales y derechos de los pueblos indígenas.
Stefanía Vega, integrante de la Coordinación, criticó al Gobierno y a la Comisión de Medio Ambiente porque no escucharon la solicitud de los habitantes por el aseguramiento del acceso al agua no solo para el consumo, sino también para el cultivo y reproducción del ecosistema donde los seres humanos habitamos.  
“El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuando los invitaron a la Comisión luego de ver nuestro informe, señalaron que efectivamente se están pasando a llevar una serie de tratados que Chile ha firmado”, afirmó Vega.
Agregó que “el proyecto de ley ya ha sido construido mediante presiones de la minería, Consejo Minero, Codelco, pero sí sabemos que al menos podrían facilitarnos un mejor entendimiento de las comunidades con el Gobierno de turno”.
Las organizaciones afirman que la ONU ya ha emitido alertas al Estado chileno respecto del recurso hídrico, siendo la más reciente una recomendación de mediados del año pasado en que se advierte un “limitado acceso a servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en zonas rurales, así como un uso desproporcionado y no sostenible del agua en la industria de la minería”.
Cabe recordar que Greenpeace inició una campaña pública para exigir una ley de protección de glaciares el año 2014 bajo el alero de “República Glaciar”. Más de 200.000 personas adhirieron a esa petición. Como resultado de lo anterior un grupo transversal de diputados que se denominó “Bancada Glaciar” redactó una propuesta de protección de glaciares que cumplía los criterios mínimos para su protección. Luego, la indicación sustitutiva del Gobierno finalmente presentada durante el mes de marzo de 2015, impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente y el Director General de Aguas, simplemente no cumplió con las expectativas de estas organizaciones.
La Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares está organizando una movilización por la desaprobación del proyecto del Ejecutivo para finales de julio.

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