Temas públicos.

LyD publica “Reforma del Gobierno en materia de Pensiones: Solidaridad a costa de los trabajadores”.

Concluye LyD que en caso de aprobarse estos cambios, se instalaría un componente solidario altamente regresivo, que podría traer serios perjuicios a las determinantes de una mayor pensión en el futuro.

Santiago, 12 de agosto de 2017

El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), en su sección Temas Públicos, publicó el estudio “Reforma del Gobierno en materia de Pensiones: Solidaridad a costa de los trabajadores”.
El documento señala que finalmente el Gobierno firmó su propuesta de reforma al sistema de pensiones que plantea la creación de un “Nuevo Ahorro Colectivo”, que implica un aumento en régimen de 5 puntos porcentuales en la cotización con cargo al empleador; los que serán administrados en su totalidad por un “Consejo de Ahorro Colectivo” (un nuevo ente estatal).
En lo que respecta al “Nuevo Ahorro Colectivo”, plantea el documento, la reforma firmada por el Gobierno corresponde a un cambio de paradigma en nuestro sistema previsional que podría tener efectos no deseados sobre las principales variables que influyen en las pensiones de los trabajadores: el empleo, la formalidad y el ahorro previsional.
El gran cambio es que, erróneamente, arguye LyD, el Gobierno optó por financiar mejoras en pensiones con cotizaciones de los trabajadores que tienen un empleo formal asalariado, estableciendo con ello un impuesto que sólo pagaría este grupo, que no necesariamente corresponde a los que más tienen.
Esto, asevera LyD, tiene consecuencias negativas en el empleo formal (encarece el costo de contratación) y es regresivo, porque serán los trabajadores con contrato (y no necesariamente las personas de mayores ingresos) los que terminarán pagando los beneficios de los pensionados.
Si lo que se buscaba era mejorar pensiones, plantea el documento, una mejor alternativa era profundizar el Pilar Solidario, ya sea mejorando sus beneficios o ampliando su cobertura. Éste se financia con rentas generales, y por ende es menos regresivo que el camino escogido por el Gobierno, indica.
En segundo lugar, agrega, el Nuevo Ahorro Colectivo elimina los derechos de propiedad sobre parte del ahorro de los trabajadores, puesto que éstos pasarían a financiar pensiones de “otros”, lo cual disminuye los incentivos a cotizar y fomenta la informalidad.
Adicionalmente, añade, el Nuevo Ahorro Colectivo rompe la relación vigente en nuestro sistema previsional de “mayor ahorro, mayor pensión”, lo que genera desincentivos adicionales a la cotización.
Estas negativas consecuencias de la propuesta del Gobierno (menos ahorro, menos cotizaciones, menos empleo formal), a juicio de LyD, agravan el problema que se quiere resolver, porque justamente lo que se requiere para mejorar las pensiones es más empleo formal, más ahorro, y que las personas en su vida activa coticen más y por más tiempo.
A continuación, destaca que si se instala de manera permanente el componente de reparto que el Nuevo Ahorro Colectivo crea (solidaridad intergeneracional o el que trabajadores financien con su cotización beneficios para los actuales pensionados), nuestra realidad socio demográfica (donde cada vez hay menos personas activas por cada persona jubilada) obligará a que cada vez se requieran más recursos para que los pensionados obtengan los mismos beneficios. Se requerirían cada vez más aportes de los trabajadores, y con ello se acentuarían los problemas y las negativas consecuencias antes mencionadas.
Por su parte, expone el documento, que la creación del Consejo de Ahorro Colectivo corresponde a la instalación de un nuevo ente estatal que monopolizará la nueva cotización de los trabajadores, al impedir que los cotizantes elijan libremente quien administre su cotización previsional adicional. Además, el nuevo ente estatal, dice el texto, que según el propio ministro de Hacienda fue creado sólo con el fin de darle “legitimidad” al sistema de AFP, generará costos y riesgos políticos innecesarios al utilizar recursos fiscales que podrían haber sido usados, alternativamente, para mejorar las pensiones de quienes más lo necesitan. Nada asegura que dicho ente maximizará la rentabilidad de los fondos administrados y minimizará los costos administrativos, ambas variables claves para obtener mayores pensiones.
Luego, el texto sostiene que un argumento similar se debe utilizar para evaluar los cambios que se proponen al marco regulatorio que rige a las AFPs, cuyos detalles aún desconocemos.
En suma, de acuerdo a  LyD, una primera lectura de la reforma, cuyos detalles aún desconocemos, nos permite señalar que el Gobierno, al descartar incorporar todo el mayor ahorro en las cuentas insectioniduales, desaprovechó la oportunidad de maximizar el incremento en las pensiones en todo lo que sería posible con el aumento de cotización.
Concluye LyD que en caso de aprobarse estos cambios, se instalaría un componente solidario altamente regresivo, que podría traer serios perjuicios a las determinantes de una mayor pensión en el futuro.

 

Vea texto íntegro del documento

 

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