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Libertad y Desarrollo.

Publican “Proyecto de ley de migraciones: larga espera, modesto avance”.

De su lectura se concluiría que el proyecto no es claro en propender a una inmigración segura, ordenada y regular.

27 de agosto de 2017

En un reciente informe se aborda el proyecto sobre migraciones presentado esta semana por el Ejecutivo.

Al efecto, se indica que tras una serie de postergaciones en los plazos autoimpuestos, discrepancias políticas internas que detonaron inclusive la renuncia del Director del Departamento de Extranjería, y sin dar mayores fundamentos para desestimar la tramitación del proyecto de ley existente en la materia (presentado en 2013 durante la administración de Sebastián Piñera), el Ejecutivo finalmente ingresó el esperado mensaje de una nueva Ley de Migraciones.

Se trata de una iniciativa que genera gran expectación dado que el fenómeno migratorio es un tema que ha adquirido gran relevancia en la opinión pública, se indica. Esto, principalmente porque la inmigración ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, triplicándose el número de extranjeros en Chile en la última década, pasando de 154.643 en 2006, equivalentes a un 0,9% de la población total, a 465.319 en 2015, que representan un 2,7% de la población total conforme a los datos de la última encuesta CASEN.

En cuanto al contenido del proyecto, se manifiesta que el proyecto contiene cuatro áreas a partir de las cuales busca definir un marco regulatorio de la política migratoria. En la primera sección el proyecto establece un catálogo de derechos y obligaciones, enfatizando el principio rector de respeto a los derechos humanos. Dentro de los puntos destacables se consagra un estatuto especial y transversal al articulado de protección de niños migrantes que se reflejará en áreas tales como acceso a prestaciones de salud, ingreso y expulsión, etc. A continuación, el proyecto da forma a un Sistema Nacional Migratorio, creando un Comité Interministerial de Política Migratoria integrado por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos y Hacienda, concentrando el grueso de las facultades y atribuciones en el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior. En un tercer ámbito, el proyecto redefine la reglamentación sobre ingreso y egreso, y da forma a nuevas categorías migratorias, siendo éstas: permiso de turista, permiso de visitante, habitante de zona fronteriza, residente temporal, residente oficial y residente definitivo. Se trata de uno de los ámbitos centrales del proyecto y sobre los cuales surgen más inquietudes y discrepancias respecto de las implicancias y efectos de las nuevas medidas. Es el caso, por ejemplo, del permiso de visitante, que abriría la posibilidad a extranjeros para que sin mayores restricciones, puedan venir a Chile a buscar trabajo. Finalmente, el proyecto hace referencia a un sistema administrativo sancionatorio en el cual se especifican las causales para amonestación, imposición de multas, prohibiciones de ingresos especiales y expulsiones.

En materia de contenidos, se expone que no es claro si el proyecto se orienta de manera definida hacia una flexibilización estricta o si posibilita mayor control migratorio, en la medida que tiene disposiciones que se orientan hacia una y otra dirección y en áreas fundamentales se deriva la decisión a disposiciones reglamentarias que deberán ser resueltas en un próximo gobierno.

Y es que se señala que uno de los principales problemas del actual momento migratorio pasa por una cantidad importante de extranjeros que ingresan al país bajo la categoría de turistas -que no permite desarrollar actividad económica- y exceden los plazos legales (90 días prorrogables a 180), pasando a un status de irregularidad, no fiscalizada ni sancionada efectivamente, que luego es subsanado con el acceso a categorías migratorias regulares. En este sentido, el cambio propuesto normaliza el escenario descrito, lo que constituye un problema cuya dimensión parece no haber sido debidamente estudiada.

Enseguida, el proyecto contempla el derecho a la igualdad y no discriminación, disponiendo la prohibición de diferencias arbitrarias basadas en origen nacional o la situación migratoria que afecte los derechos reconocidos en la Constitución Política. Al respecto, es importante considerar que esta norma, de ser considerada principio rector en el ámbito de su aplicación directa (esto es, sin condicionarla a contar con un permiso vigente), puede llevar a la eliminación de incentivos a la regularización, y producir una afectación a programas sociales y a distintas normativas, como por ejemplo, impedir que se aplique un requisito de contar con permisos vigentes o de años de residencia para la entrega de beneficios sociales como lo disponen hoy algunas prestaciones.

En otro ámbito, se expone que el proyecto no resuelve nudos críticos de la legislación actual que dificultan directamente la inserción de los inmigrantes en áreas claves para el fomento productivo o el desarrollo de capital humano avanzado de Chile, como son las trabas burocráticas para la homologación y convalidación de títulos.

Así, de su lectura se concluye que el proyecto no es claro en propender a una inmigración segura, ordenada y regular, pudiendo ser más enfático a la hora de incorporar disuasivos a la inmigración irregular. Además, no se hace cargo del mayor gasto que implicaría la creación de nuevas categorías migratorias y sus efectos en términos del flujo de migrantes en situación regular que tendrían acceso a mayores prestaciones sociales. Fuente: www.lyd.cl

 

 

Vea texto íntegro del informe.

 

 

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