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Por medio de una resolución.

Solicitan al Ejecutivo crear órgano jurisdiccional con competencia especial en materia de medidas cautelares en sede penal.

Diputados piden crear un órgano con funciones y/o características especiales, que tenga como misión servicios de antelación de juicios y control de las medidas cautelares.

26 de septiembre de 2017

Por 48 votos a favor, 2 en contra y 42 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó una resolución, que solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, presentar un proyecto de ley que cree un órgano jurisdiccional con competencia especial en materia de medidas cautelares en sede penal.
La solicitud fue presentada a la Cámara por los diputados  Molina, Sabat, Farcas, Fuenzalida, Ceroni y  Coloma.
Los legisladores plantearon que diseñar políticas públicas que permitan perfeccionar la imposición de medidas y sanciones en libertad es una de las acciones que aportará significativamente a la reducción de la delincuencia.
Por ello, consideran necesario la creación de un organismo encargado tanto de la evaluación de riesgo de fuga o quebrantamiento como de la imposición de medidas cautelares y, potencialmente, de las sanciones que se cumplen en libertad y los beneficios intrapenitenciarios.
Con respecto a las funciones que tendría este organismo, especificaron que podrían ser la evaluación de riesgos, que implica recabar información sobre las condiciones de cada detenido y realizar una evaluación de riesgos para determinar la probabilidad de cumplimiento de una medida o sanción en libertad; y la supervisión de los imputados o condenados a quienes el juez ha dejado bajo una medida cautelar o, eventualmente, sancionado con una pena alternativa a la reclusión, para asegurar el cumplimiento de las condiciones judiciales impuestas y la comparecencia a las audiencias correspondientes a su proceso.
Asimismo, los parlamentarios explicaron que dentro de sus tareas tendría la recopilación de antecedentes sobre la probabilidad de fuga y reincidencia de los impuestos para así mejorar la toma de decisiones de los jueces al momento de decidir sobre las medidas cautelares. También, supervisaría el cumplimiento de las medidas que se cumplen en libertad, asegurando una reacción por parte del sistema ante incumplimientos.

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