Se reclamó ante la Contraloría General de la República –por parte de Working Dog Chile SPA- en contra de la Prefectura del Maipo de Carabineros de Chile, por las Irregularidades que en su opinión se cometieron en la denegatoria de la renovación de su permiso de funcionamiento como empresa de recursos humanos en materias de seguridad privada. Asimismo, estima que la observación referida al requisito de idoneidad moral, excede el marco regulatorio fijado por la normativa pertinente y vulnera los derechos constitucionales que indica.

La institución en cuestión manifestó que su actuar se ha ajustado a la normativa que regula la materia. Agrega, que el citado permiso de funcionamiento fue denegado al recurrente porque no cumplió con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.

Al respecto, el ente contralor recordó que, de conformidad a su jurisprudencia administrativa contenida en sus dictámenes Nos 37.164 de 2009 y 1.338 de 2015, ha puntualizado que le corresponde a Carabineros de Chile calificar el cumplimiento de los requisitos prescritos por las normas atingentes a la materia en estudio, en su calidad de organismo fiscalizador de esa actividad, y quien, en definitiva tiene la facultad de otorgar o rechazar las autorizaciones que le son solicitadas, sin que se advierta inconveniente que para acreditar su idoneidad moral, se requiera la presentación de un certificado de antecedentes comerciales para fines especiales, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 20.575.

De esa manera, indica la CGR que recae en los interesados en ejercer la labor en comento la obligación de demostrar, ante la autoridad competente para autorizar su ejercicio, su idoneidad moral, y Carabineros de Chile posee atribuciones para exigir el cumplimiento de tal requisito, agregando que la apreciación de ciertas conductas susceptibles de valoración personal o moral, a fin de reputar a una persona apropiada para realizar el trabajo en comento, como lo es el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias, no implica una discriminación arbitraria que vulnere los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y libertad de trabajo, garantizados en el artículo 19, N°s. 2 y 16, de la Constitución Política, respectivamente (aplica dictamen N° 78.360 de 2013).

Enseguida, el órgano contralor arguye que en la especie consta que la Prefectura de Carabineros del Maipo, mediante resolución N° 95 de 2016, resolvió no acceder a la solicitud de renovación de autorización como empresa de recursos humanos en materias de seguridad privada a la empresa WORKING DOG CHILE SPA, por presentar una serie de anomalías, entre ellas, que cinco de siete trabajadores se encontraban sin acreditación como guardia de seguridad; falta de pólizas de seguros de vida de tres trabajadores; falta de documentación que acreditara la renegociación de la totalidad de las deudas que se registran en el certificado de antecedentes comerciales del representante legal de la empresa, don Richard Soto Salazar, documento, además, que registra protestos y morosidades comerciales y da cuenta de un aumento de la deuda del mismo y que la patente comercial se encontraba vencida.

En razón de lo anterior, señala que se estableció que la referida empresa no puede funcionar como prestadora de servicios en materias inherentes a seguridad privada a contar del 1 de octubre de 2016, sin perjuicio de que pueda volver a solicitar la autorización respectiva ante la autoridad fiscalizadora, presentando los antecedentes necesarios para acceder a la misma, subsanando los motivos por los cuales no se accedió a la renovación de la que poseía.

De ese modo, la Contraloría concluye manifestando que al denegar el aludido permiso, la entidad policial actuó conforme a la preceptiva jurídica que le encomienda a Carabineros de Chile la fiscalización y control de quienes desarrollen actividades relativas a la seguridad privada, por cuanto se fundó en que el solicitante no cumplió con las condiciones que el legislador estimó que deben cumplir quienes laboren en dicho ámbito.

Vea texto íntegro del Dictamen Nº 19.571 de 2017.

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