La moción de los diputados Coloma, Gahona, Hernández, Hoffmann, Molina, Morales, Urrutia Bonilla, Urrutia Soto, Van Rysselbergue y Ward, expone que nuestro país hace más de 40 años ha incorporado a su orden jurídico, económico y social el sistema del libre mercado y la iniciativa privada en materia económica, todo lo anterior en base a una fuerte protección del derecho de propiedad en todas sus formas, de acuerdo al marco jurídico-constitucional de nuestra Carta Fundamental y las normas legales dictadas a su alero.

Observa luego que, de acuerdo a este sistema, se ha establecido un fuerte incremento en el consumo, surgiendo como manifestación los llamados supermercados, erigiéndose un cambio substancial a la forma tradicional de comercialización de productos. Añade, que tales formas de comercialización, ha posibilitado el surgimiento de un mercado potente, conocido como el “retail” y en donde las personas poseen una multiplicidad de ofertas de productos de primera calidad, estado de cosas que año a año va en aumento erigiéndose como un elemento de nuestra vida incorporado a nuestra cultura y que al mismo tiempo constituye un ámbito de gran relevancia en nuestra economía.

En ese sentido, los autores de la iniciativa sostienen que dicho ámbito se desarrollan una multiplicidad de relaciones jurídicas y económicas, no sólo vinculadas a las existentes en el plano de los consumidores y los oferentes de bienes y servicios, sino que también en el plano de los diferentes supermercados existentes a lo largo y ancho de nuestro país y sus proveedores, esto es aquellas entidades destinadas a entregar a los oferentes (supermercados) los artículos y mercaderías reservadas a su venta en virtud de las condiciones acordadas.

Sin embargo, aducen que en la actualidad la industria proveedora de bienes y servicios se encuentra ante un problema de estabilidad, e incluso de subsistencia en el sistema, a partir del desequilibrio existente en el poder de negociación entre los supermercados de diversos tamaños y éstos, provocando demandas históricas en este rubro, particularmente en lo que respecta a la fijación de plazos de pago por los productos entregados y que en muchos casos son sencillamente imposibles de soportar por parte de los proveedores.

Por los antecedentes antes expuestos y con el objeto de impedir que las cadenas de supermercados impongan unilateralmente a sus proveedores el plazo en que se pagarán los productos, llegando incluso a extenderse por más de 120 días, el proyecto de ley propone modificar el artículo 3º del D.L. Nº 211, que fija normas sobre la Libre Competencia, consagrar como actos opuestos a ella, la determinación unilateral de plazos de pago de bienes y servicios, ocupando en tal sentido una posición dominante.

Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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