Observa luego que los daños que puede provocar el consumo de drogas alcanzan no sólo al individuo, sino que también a su grupo familiar y laboral. Agrega que, en el caso de ser un funcionario público, una autoridad política o judicial y personas del ámbito financiero quienes padecen la adicción, los daños podrían tener gran impacto en el órgano en el cual desempeña sus funciones.

Por las razones indicadas, la iniciativa, con el objeto de proteger la función legislativa, propone modificar el artículo 51 de la Constitución Política, estableciendo la obligación de que los candidatos a optar a cargos en el Parlamento se sometan a exámenes toxicológicos que comprueben su no dependencia de las drogas, además de acompañar una declaración jurada el día de la presentación de la respectiva candidatura, de conformidad a los procedimientos contemplados en la legislación vigente.

Vea moción del Boletín N° 8931-07  y siga su tramitación aquí.