Amnistía Internacional ha manifestado recientemente que el Gobierno venezolano se está alejando aún más de la legalidad, por cuanto el derecho internacional establece claramente la inadmisibilidad de que se trate a civiles como militares.
Al efecto, el organismo señaló que el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles en Venezuela pone en peligro el Estado de Derecho en el país, ya que se estaría violando la Constitución y las normas internacionales.
Y es que en opinión de Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, “el uso creciente de tribunales militares para juzgar a civiles demuestra la absoluta determinación de las autoridades venezolanas de asfixiar las crecientes protestas y aterrorizar a cualquier persona que contemple la posibilidad de expresar sus opiniones”.
De acuerdo a Amnistía Internacional, más de 250 personas se encuentran actualmente privadas de su libertad y fueron puestas a la orden de jueces y fiscales militares. Todas fueron procesadas por delitos tales como “asociación para rebelión” y “ataque al centinela”, contemplados en la jurisdicción militar.
Asimismo, se indica que este tipo de delitos tienen como finalidad delinear los códigos de conducta de las fuerzas armadas y no deben de aplicarse a civiles bajo ninguna circunstancia, señalando además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene vasta jurisprudencia al respecto.
En ese sentido, Amnistía Internacional concluye expresando que poner a civiles bajo jurisdicción de tribunales militares es contrario a los estándares del debido proceso, toda vez que no son tribunales independientes, son especiales, puramente funcionales, y destinados a mantener la disciplina de las fuerzas armadas.