La Defensoría del Pueblo de Buenos Aires presentó una acción de amparo ante la justicia nacional para que se declare «inconstitucional» la reforma previsional aprobada recientemente por el Congreso argentino, y también denunció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la nueva ley es de carácter «regresiva» y que produce «daños irreparables» entre los beneficiarios del sistema.
Las modificaciones introducidas van en contra de lo que dice la Constitución y los tratados internacionales, afirman quienes se oponen a la reforma previsional, básicamente porque vulnera el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la movilidad jubilatoria, la no discriminación, el principio de progresividad y el no retroceso en materia de seguridad social. Los cambios generan graves amenazas, como la disminución de ingresos alimentarios y la pérdida del poder adquisitivo.
Junto con llevar la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le ha pedido a ésta que decrete una medida cautelar que suspenda su aplicación.

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