Ante la urgente necesidad de avanzar en la discusión y tramitación del proyecto de ley sobre datos personales, con el fin de establecer mayores estándares de seguridad para el país, se realizó el Seminario «Protección de Datos Personales: Hacia una nueva institucionalidad de la privacidad», instancia en la que participó como expositor el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago.

La actividad, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez junto al Estudio Silva, abrió el debate sobre la ley de protección de datos personales, con especial foco en la conveniencia de una nueva institucionalidad, con la participación de Ramiro Mendoza, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y del senador Felipe Harboe.

En el seminario, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, expuso sobre las principales derivadas que plantea el proyecto de ley a partir de la indicación del Ejecutivo, que amplía las atribuciones del CPLT y le otorga competencias en protección de datos personales.

«La principal diferencia entre el proyecto original, que proponía la creación de una Agencia, y la indicación que plantea la transformación del Consejo para la Transparencia en un ente de protección de datos, es la autonomía frente al lobby. La protección de datos no garantizaba la autonomía técnica. El Consejo es un órgano autónomo en cuyo proceso de asignación de consejeros participan dos poderes del Estado, y sus integrantes solo pueden ser removidos con la intervención de un tercer poder del Estado, el Poder Judicial», sostuvo el presidente.

Por otra parte, una de las principales críticas a la ley vigente, que data de 1999, es que no responde a los estándares y exigencias actuales, los cuales han aumentado exponencialmente con la masificación de Internet y el uso de redes sociales.

«La legislación tiene 20 años. Hoy, muchas de sus normas son prácticamente inaplicables. Como Consejo para la Transparencia, enfrentamos todos los días esa obsolescencia de la legislación con la que contamos», agregó Drago.

Finalmente, el titular de Transparencia fue enfático en reiterar que «no actualizar la legislación tiene dos grandes efectos para el país: estamos desprotegidos, no hay una forma real y efectiva de proteger nuestros datos; (…) además, las reglas actuales permiten que se desarrolle la industria de datos».

En el encuentro, también participaron Andrea Ruiz, directora general (s) del Consejo para la Transparencia; Jessica Matus, presidenta de Fundación Datos Protegidos; Romina Garrido, directora ejecutiva de Fundación Datos Protegidos; María Paz Canales, directora de Derechos Digitales, entre otros.

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