Implementar una educación ambiental que permita a los ciudadanos desarrollar conocimientos, valores y habilidades para la comprensión y la protección del medio ambiente es un deber del Estado que, incluso, se establece en la Constitución Política. 
La Cámara de Diputados respaldó unánimemente una resolución, que solicita al Presidente de la República que instruya a los Ministerios de Educación y de Medioambiente a que realicen las investigaciones necesarias para evaluar los programas elaborados, tanto por el Ministerio de Educación como por los establecimientos educacionales, relacionados con el conocimiento y protección del medioambiente.
La iniciativa, promovida por los diputados Saldívar, Rosas, Díaz y Rocafull, señala además que, sobre la base de los resultados de dichas investigaciones, se modifiquen las bases, programas y planes curriculares de las asignaturas sobre educación ambiental, con el fin de mejorar o perfeccionar los contenidos.
De acuerdo a los diputados, actualmente existe un amplísimo margen de discrecionalidad de parte de los establecimientos educacionales para el cumplimiento de los objetivos generales de aprendizaje relacionados con la temática medioambiental, por lo que es preciso definir con mayor exactitud la forma en que tales objetivos deben realizarse en la práctica.

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