El Supremo Tribunal Federal (STF) conocerá una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) deducida por la a Confederación Nacional de Instituciones Educativas (Confenen) que cuestiona la validez de la Ley Estatal 11.259 / 2020 de Maranhão, que reduce la matrícula en el sistema escolar privado durante la pandemia del coronavirus.
En este sentido, la confederación sostiene que el Estado Federal tiene competencia exclusiva para legislar en materia de derecho civil, específicamente derecho contractual. En su opinión, en el caso específico de la ley impugnada, existe una violación a la libertad empresarial, que acarrea necesariamente una serie de impactos negativos. Entre ellos, destacan en la ADI, que la regulación de precios en el sector privado traería como consecuencia el posible aumento del desempleo entre los profesionales de la educación. Asimismo, el recurso argumenta que la suspensión de actividades presenciales no implica una interrupción en la prestación de los servicios educativos ofrecidos.
Enseguida, otro punto destacado por la Confen es la autonomía universitaria, como resultado de la invasión del estado en asuntos relacionados con la gestión financiera y patrimonio de las instituciones de educación superior. Para la entidad, la regla cuestionada tampoco respeta el debido proceso legislativo, ya que no se presentan motivos adecuados para la imposición de descuentos obligatorios o lineales en las tarifas mensuales de las instituciones que mantuvieron sus actividades a través de medios virtuales o que no redujeron el calendario académico.
En consecuencia, le corresponderá al STF emitir un pronunciamiento respecto a la acción presentada.
Vea texto íntegro del comunicado.