El Pleno de la Corte Suprema ordenó a las Cortes de Apelaciones del país y a la Fiscalía del máximo Tribunal abrir investigaciones disciplinarias a los funcionarios que cobraron el aporte fiscal de apoyo a la clase media establecido en la ley 21.252, el que tenía como requisito tener un estado de cesantía o disminución de ingresos.

La resolución de Pleno 920-2020 establece que:  «Teniendo especialmente en consideración  el deber de probidad exigible a todos los integrantes del Poder Judicial, se resuelve: Remitir   a   las   Cortes   de   Apelaciones   del   país   la   nómina   de   los   funcionarios pertenecientes a cada una de las respectivas jurisdicciones, para que se instruya una investigación administrativa – al tenor de lo previsto en el acta 108-2020- sobre   las circunstancias y demás antecedentes tenidos en cuenta para que los citados funcionarios solicitaran y percibieran el referido beneficio, la que deberá estar a cargo del Fiscal o Fiscala Judicial que dicha Corte designe. Con el mismo objeto indicado precedentemente, remítase a la Fiscala Judicial de la Corte Suprema la nómina correspondiente a los funcionarios de este tribunal, que figuran en la  documentación acompañada» .

Lea resolución Nº920-20

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