La Moción, patrocinada por las Senadoras Provoste y Rincón, en conjunto a los Diputados Bianchi, Elizalde y Huenchumilla, propone prorrogar la vigencia de la ley que prohíbe el corte de servicios básicos por causa de la crisis económica actual.

El proyecto señala que los presupuestos familiares que se han visto severamente disminuidos por la crisis económica y social derivada de la pandemia y, están siendo destinados a las más básicas necesidades como son la alimentación, el contar con un lugar para vivir, y el acceso a medicamentos, debiéndose postergar el pagos de servicios que siendo de primera necesidad, las familias no cuentan con recursos para hacer pago de dichos servicios, entre los que se encuentran la energía eléctrica, el agua potable y el gas. Ante ello, en agosto del presente se publicó la Ley Nº 21.249 que establece que durante los noventa días siguientes a su fecha de publicación, las empresas proveedoras del suministro y cobro de servicios de distribución de agua y alcantarillado, electricidad y gas de red, entre otras medidas, no podrán cortar el suministro por mora en el pago de usuarios residenciales y otros de carácter esencial.

Respecto a los derechos a no corte del servicio y, es del caso de que ya han pasado más de 60 días desde que está vigente la ley, quedando menos de 30 días para que sus efectos dejen de tener vigencia, por lo que parece del todo necesario extender los plazos establecidos en la ley en comento. De tal manera que las familias afectadas por la crisis sanitaria económica que enfrenta el país no puedan sufrir aún más con la entrada a un régimen de normalidad respecto a los servicios básicos, puesto que su situación económica es aún peor, que la que existía al momento de la entrada en vigencia de esta ley, no existiendo todavía en el horizonte una posibilidad de recuperación económica.

En concreto, la iniciativa propone ampliar la aplicación de la ley hasta abril de 2021; ampliar los meses de prorrateo a 36 meses; hacer automática la reprogramación por el solo hecho de no pagar en la fecha correspondiente la cuota del mes del servicio de que se trate, salvo negativa expresa del usuario o cliente y, finalmente, establecer mecanismos adecuados de información de parte de la empresa a sus clientes o usuarios.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por Comisión de Economía del Senado.

 

Vea texto íntegro del Boletín Nº13.848-03 y siga su tramitación aquí.