La Moción, patrocinada por las Diputadas Castillo, Hertz, Jiles, Marzán, Nuyado, Santibáñez y Vallejo, en conjunto a los Diputados Boric y Walker, propone un procedimiento especial para todas las personas que fueron víctimas de lesiones y mutilaciones, así como de la muerte de familiares en contexto de movilizaciones sociales en el denominado Estallido Social, con la finalidad de lograr que las victimas accedan a un procedimiento veloz.

El proyecto señala que los hechos acaecidos desde octubre de 2019 dejan en evidencia que el Estado de Chile no ha sabido garantizar los derechos a la vida y la integridad física de las personas, ni ha sabido garantizar a la ciudadanía su derecho a movilizarse en el espacio público. Al 19 de marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derecho Humanos contabilizaba un total de 3.838 personas heridas, de las cuales 460 son lesiones oculares y 34 fallecidos. Ante estas cifras, se advierte que el Estado falló en garantizar el derecho a la movilización segura, incurriendo en la hipótesis de falta de servicio, por lo que se hace necesario establecer un procedimiento que tienda a compensar económicamente a las víctimas; sean éstas las familias de las personas fallecidas, o las propias personas que sufrieron lesiones bajo el contexto del Estallido Social.

Considerando lo anterior, aquellas personas que han sido afectadas en su vida, su salud, y su integridad física y síquica, necesitan verdad, justicia y reparación por parte del Estado y determinación de responsabilidades penales y políticas; también requieren con urgencia de los fondos necesarios para poder costear los tratamientos médicos y psicológicos, y de rehabilitación que necesitan para reparar el daño ocasionado, y poder reinsertarse en su vida laboral y familiar, y requieren acceso a dichas prestaciones de manera pronta.

A fin de cumplir con el objetivo, la iniciativa propone establece establecer una regulación especial para efectos de determinar la responsabilidad del Estado de Chile respecto de todas aquellas personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones y muertes bajo el contexto de movilizaciones sociales en el denominado Estallido Social. Adicionalmente disminuye los requerimientos probatorios para que las víctimas pueden obtener la sentencia que requieran, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al proteger los derechos a la vida, y la integridad física y síquica de los manifestantes o de personas que se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales, debiendo sólo acreditar la existencia y cuantía del daño, y el hecho de haber sido ocasionado bajo las circunstancias antes señaladas.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.

 

Vea texto íntegro del Boletín Nº13854-0 y siga su tramitación aquí.