En abril de 2020, la Comisión de Derechos Humanos, respaldado por el Estado, publicó un Decreto Real del Rey Salman, en el que se dispone que las personas condenadas a muerte por delitos cometidos mientras eran menores de edad, ya no enfrentarán la ejecución como condena y, en cambio, cumplirán penas de prisión de hasta 10 años en centros de detención de menores.
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Cabe hacer presente que la declaración real no especificó en su contenido un cronograma para llevar a la práctica lo ordenado, pero en octubre de 2020, en respuesta a un informa de Human Rights Wath (HRW), el gobierno señaló que el Decreto entró en vigor inmediatamente después del anuncio, no obstante nunca considerarse en las políticas públicas o programas de gobierno, ni publicarse en el boletín oficial como sería la práctica habitual.
Uno de los cinco condenados a pena de muerte, se encuentra en instancia de apelación respecto de la sanción y otras ocho personas enfrentan cargos que podrían resultar en ejecución.
El Centro de Comunicaciones Internacionales (CIC) del gobierno desestimó las preocupaciones representadas por varias organizaciones humanitarias, señaló que el Decreto Real se aplicaría retroactivamente a todos los casos en los que una persona fuera condenada a muerte por delitos cometidos antes de los 18 años. En específico, expresó que la Real Orden emitida en marzo de 2020 entró en vigor inmediatamente después de su emisión y se envió a las autoridades pertinentes para su implementación instantánea.