La CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana condenaron la criminalización de las personas identificadas como opositores al gobierno de Ortega.
Los organismos denuncian las graves condiciones de detención en las que permanecen personas opositoras que fueron privadas ilegal e arbitrariamente de su libertad. Por otra parte, manifestaron su preocupación respecto de acciones gubernamentales tendientes a impedir que la oposición concurra a las elecciones que tendrán lugar el 7 de noviembre.
En el mismo sentido, rechazan “el uso indebido de acusaciones penales en contra de personas opositoras para restringir su derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a la libertad de asociación, mediante la formalización de delitos graves en su contra”. Sobre el particular, agregan que las acusaciones no han respetado las garantías del debido proceso ni del derecho a un juicio justo.
La Comisión y la OACNUDH solicitan a las autoridades responsables a que “garanticen el trato digno y el acceso a las personas bajo su custodia, también por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo atención médica adecuada, alimentación nutritiva suficiente, condiciones salubres de detención y visitas regulares.” Asimismo, exhortan a que se investiguen las alegaciones de maltrato a las personas detenidas, y a que se repare de manera integral a las víctimas.
Finalmente, la CIDH y OACNUDH instan al Estado “a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en los últimos meses incluidas las 130 personas que fueron privadas de libertad desde el inicio de la crisis en abril de 2018; así como, a garantizar la integridad y seguridad y a cesar de inmediato las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes se consideran personas opositoras al gobierno y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos”.
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