El Tribunal Constitucional admitió el recurso presentado por más de cincuenta parlamentarios pertenecientes al PP contra varios preceptos del Real Decreto-Ley 8/2021, por medio del cual se adoptaron diversas y numerosas medidas para enfrentar la pandemia de Covid-19.
En síntesis, los preceptos impugnados establecen que las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas en materia de medidas sanitarias, serán susceptibles de ser revisadas en sede de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Los recurrentes consideran que los preceptos impugnados vulneran los límites materiales que el artículo 86.1 de la Constitución impone a los Decretos-leyes. Este último dispone, en lo pertinente, que: “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.”
Al respecto, consideran que, por una parte, el cuerpo normativo impugnado afecta el derecho a la tutela judicial efectiva y desfigura la fisionomía de las instituciones básicas del Estado. Por otra parte, expresan que no concurre la situación de extraordinaria gravedad y urgencia que exige la Constitución para, por medio de un decreto-ley, entregar el control de las medidas sanitarias al Tribunal Supremo.
El Tribunal confirió traslado al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno a fin de que se pronuncien, según estimen convenientes.
Vea resolución que admitió a trámite recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.
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