En una reciente publicación del medio español Confilegal se da a conocer el artículo «La Constitución española de 1978 es la segunda más longeva de la historia, con 43 años de edad», por Carlos Berbell y Yolanda Rodríguez.
Por ahora, y hasta dentro de 5 años, la que posee la distinción de ser la primera es la de 1876, con 47 años de edad. Fue la Constitución de la Restauración de la dinastía de los Borbones en España en la persona de Alfonso XII, hijo de la depuesta Isabel II.
Aquel fue un texto breve, de 89 artículos, que permitía la alternancia de los partidos en el Gobierno. Dos años más tarde, en 1878, se aprobó una nueva Ley electoral que restableció, por última vez, el sufragio restringido basado en la riqueza y la instrucción.
Doce años después, en 1890, durante la Regencia de María Cristina de Borbón –que representó a Alfonso XIII mientras fue menor–, se aprobó el sufragio universal, por el que todos los hombres mayores de 25 años y en pleno uso de sus derechos civiles podían votar. Sin ninguna otra condición que la de estar inscritos en el censo.
Entre aquella Constitución y la actual, se promulgó la de 1931, tras la proclamación de la Segunda República en 1931, en la que se bajó la edad para votar de los 25 a los 23 años y se reconoció el derecho el voto a las mujeres, merced al trabajo de Clara Campoamor, diputada del Partido Republicano Radical, que participó activamente en la redacción de aquella Carta Magna. Duró poco. Sólo ocho años.
España ha tenido en su historia un total de siete Constituciones. La primera de todas, la de Cádiz, en 1812, duró seis años en tres periodos diferentes: desde 1812 hasta 1814; desde 1820 a 1823; y desde 1836 a 1837.
Le siguió la de 1837, que prolongó su vida hasta 1845; cinco años.
La de 1845 duró 23 años, hasta 1868. Y la que la siguió, la de 1869, cuatro años. Hasta 1873.
La actual, la Constitución de 1978, cumple hoy 43 años. Y es un texto que reconoce derechos individuales y la protección de libertades.
No apareció al calor de una revuelta popular, como ocurrió con la primera de ellas, la de Cádiz de 1812, en una España ocupada por el invasor francés, sino que por el contrario, fue el fruto de un pacto laborioso, que comenzó con la Ley para la Reforma Política de 1976, con la que se desmontó el régimen franquista nacido de la Guerra Civil española.
Esta ley hizo posible las elecciones de 1977, que contenía ya los principios de un sistema democrático como el imperio de la Ley, el Estado de Derecho y la necesidad de elecciones por sufragio universal.
Tras estas elecciones generales, se aprobó la creación de una Comisión Constitucional para redactar un proyecto de Constitución.
Siete diputados de distinto signo político, conocidos como los Padres de la Constitución: Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (los tres de la Unión de Centro Democrático), Manuel Fraga Iribarne (de Alianza Popular, luego reconvertida en Partido Popular), Gregorio Peces-Barba Martínez (PSOE), Miquel Roca i Junyent (CiU) y Jordi Solé Tura (Partido Comunista de España).
Los redactores del texto constitucional, conocidos como los «padres de la Constitución». De izquierda a derecha, Manuel Fraga Iribarne (Alianza Popular, luego convertida en Partido Popular), Gabriel Cisneros (Unión de Centro Democrático), Gregorio Peces-Barba (PSOE), José Pedro Pérez-Llorca (Unión de Centro Democrático), Jordi Solé Turá (Partido Comunista), Miguel Herrero de Miñón (Unión de Centro Democrático) y Miquel Roca (Convergencia i Unió, Minoría catalana). Salvo los dos últimos, el resto han fallecido.
Ellos fueron los encargados de redactar el anteproyecto de lo que sería el nuevo texto, que tras algunas discrepancias, fue votado y aprobado por las dos Cámaras el 31 de octubre de 1978.
La Carta Magna supuso el acuerdo de todos los representantes políticos, dejando a un lado las diferencias, en un momento muy difícil, y que hoy en día sigue estando muy viva y dando respuesta a los problemas que tiene la sociedad, aunque con el paso del tiempo, es lógico, que se pueda reformar.
Pocos días más tarde, el 6 de diciembre, la Constitución, se sometió a referéndum y fue ratificada por el pueblo español por una amplia mayoría.
Los españoles con derecho a voto en aquel momento sumaban los 26.632.180. Participaron 17.873.271; un 67,11 % del electorado.
A favor votó un 91,81 %, o 15.706.078 de personas. En contra, un 8,19 %, 1.400.505 de electores.
Las provincias de Barcelona, con un 91 %, Gerona, con un 90,4 %, Lérida, con un 91,9 %, y Tarragona, con un 91,7 %, estuvieron entre las que más se adhirieron al nuevo texto constitucional. A diferencia de las provincias vascas de Álava –con un 72,4 %–, Guipuzcoa –con un 64,6 %– y Vizcaya –con un 73 %–.
Los ciudadanos de Sevilla y Almería los que se pronunciaron de forma más numerosa de toda España, con un 93,2 % de los votos.
El día 27 de mismo mes la Constitución fue sancionada por el Rey Juan Carlos I.
Hubiera debido entrar en vigor el día de los Santos Inocentes, y no parecía prudente, dado el sentido del humor de nuestros conciudadanos.
Por eso se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre.
La Constitución tiene 169 artículos distribuidos en diferentes apartados, que reciben el nombre de títulos. En total son 11, si incluimos el preámbulo. Y, cada uno de ellos, versa sobre un tema determinado (derechos y deberes de los ciudadanos, organización del Estado,…).
En ellos, se define a España como un «Estado social y democrático de Derecho», recogiendo no sólo la tradición liberal, sino también la republicana de la constitución de 1931, que incluía los derechos individuales y los sociales.
Reconoce la soberanía popular y que la forma de Estado es la monarquía parlamentaria y establece la división de poderes, con Cortes bicamerales- Senado y Congreso-, cuyos miembros serán elegidos por sufragio universal entre todos los ciudadanos mayores de 18 años.
Algunos expertos sostienen que precisamente, la grandeza de la Constitución está en su título preliminar cuando define a España como una unidad nacional, pero garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de regiones que la integran, con amplias competencias y gobiernos propios.
En fin, una Constitución acorde a los nuevos tiempos que se vivían y que aún hoy tiene plena vigencia.
Por eso, y en su honor, cada 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución, algo que nos congratula a todos, con nuestro pasado más reciente, y que nos hace desear a esta norma máxima una larga vida.
Reconociendo que se encuentran en un momento en el que todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de su puesta al día.
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Sin embargo, no existe ese misma coincidencia respecto a qué asuntos se deben reformar. Se ponen sobre el tapete ciertas cuestiones que se podría reformar y mejorar en la relativas al Senado, a la sucesión de la corona o a la financiación autonómica.
Algunos quieren ir algo más allá y pretenden una reforma con un objetivo separatista.
Sin olvidar olvidar que la Carta Magna surgió del consenso y su reforma debería realizarse en el marco de un acuerdo tan importante como lo hubo en 1978.