Como cada mes de junio, previo a su receso del verano, la Corte Suprema de EE.UU. da a conocer las sentencias de los casos más importantes que analizó a lo largo del año: fallos con amplias repercusiones políticas, sociales y económicas que pueden impactar la vida de millones de personas.
Este mes no ha sido la excepción y en los tres últimos días la Corte Suprema dio su veredicto sobre tres de los casos que generaron mayores expectativas, tensiones y debates.
Son decisiones que, individualmente y en conjunto, han provocado numerosos cuestionamientos entre académicos, historiadores y estudiosos del máximo Tribunal de EE.UU., quienes han señalado que estas posturas muestran un giro hacia un «conservadurismo extremo» y una «politización» de una de las instituciones más respetadas por años en Estados Unidos.
Uno de esos fallos, acordado, con 6 votos a favor y 3 en contra, anuló una ley de más de 100 años que restringía la tenencia de armas en la vía pública en el estado de Nueva York.
Portar un arma de fuego allí en público requería hasta ahora una licencia especial y para obtenerla era necesario demostrar una causa justificada (similar a lo que ocurre en otros estados, como California, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island).
El fallo argumenta que la Constitución protege «el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para su defensa propia fuera del hogar».
Así, consideró que exigir a los ciudadanos que demuestren una causa justificada para ejercerlo en Nueva York viola la Segunda Enmienda de la Carta Magna.
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Esta enmienda, redactada en 1791 y cuya interpretación es hoy objeto de debate, recoge «el derecho del pueblo a poseer y portar armas», aunque dice que lo hace para que integren una «milicia bien regulada».
Se espera que el fallo de la Corte Suprema pueda ser usado para anular otras legislaciones restrictivas a la posesión de armas en todo el país, lo que afectaría a una cuarta parte de los aproximadamente 330 millones de estadounidenses.
En Estados Unidos hay más de 390 millones de armas registradas a nombre de civiles.