La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un certiorari dirigido a la Corte de Apelaciones de Oklahoma para determinar los alcances de la jurisdicción federal respecto al juzgamiento de un crimen cometido en una reserva indígena.
Un hombre no indígena asesinó a su hijastra de origen nativo en una reserva de la nación Creek, en el Estado de Oklahoma. Por este crimen un tribunal estatal lo condenó a 35 años de prisión.
El condenado apeló el fallo para solicitar la nulidad de la condena. Fundó su pretensión en que “(…) el gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva para enjuiciarlo (no indígena) por el crimen cometido contra su hijastra (indígena cherokee) en un “territorio indio”, y que, por lo tanto, Oklahoma no tiene jurisdicción para juzgarlo”.
La Corte de Apelaciones del estado acogió el recurso y revocó el fallo condenatorio. Ello motivó un pronunciamiento de la Corte Suprema.
En su análisis de fondo, la Corte observa que “(…) la disputa jurisdiccional en este caso surge porque el territorio de Oklahoma incluye territorio indígena. A principios de la República, el gobierno federal a veces trataba a los territorios indígenas como separados del territorio estatal, pero este punto de vista ha sido abandonado hace mucho tiempo. Los precedentes han sostenido específicamente que los Estados tienen jurisdicción para enjuiciar los delitos cometidos por no indígenas en territorio indio”.
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Agrega que “(…) la jurisdicción de un estado en territorio indígena puede ser reemplazada por la ley federal según los principios ordinarios de preferencia federal, o cuando el ejercicio de la jurisdicción estatal transgrede ilegalmente el autogobierno tribal. Ninguno sirve para prevalecer sobre la jurisdicción estatal en este caso”.
Advierte que “(…) la Ley General de Delitos no prevalece sobre la autoridad estatal para procesar el crimen del condenado. Según sus términos, la Ley simplemente extiende las leyes federales que se aplican en los enclaves federales al territorio indígena. La Ley no dice que el territorio indígena sea equivalente a un enclave federal a efectos jurisdiccionales, que la jurisdicción federal sea exclusiva en territorio indígena o que la jurisdicción estatal tenga prioridad sobre este territorio”.
En definitiva, la Corte concluye que “(…) debido a que la jurisdicción de un Estado coincide con la jurisdicción federal, un enjuiciamiento estatal no impediría un juzgamiento federal anterior o posterior. El Estado tiene un gran interés soberano en garantizar la seguridad pública y la justicia penal dentro de su territorio, incluido el interés en proteger a las víctimas de delitos tanto indígenas como no indígenas”.
Al tenor de lo expuesto, la Corte resolvió que “el Gobierno Federal y el Estado tienen jurisdicción concurrente para enjuiciar los delitos cometidos por no indígenas contra indígenas en territorio nativo. Por lo tanto, revocamos la sentencia de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Oklahoma y devolvemos el caso para procedimientos adicionales que no sean incompatibles con esta opinión”.