A través de un comunicado emitido por el ministro de justicia, Yariv Levin, el gobierno israelí anunció que llevará a cabo una reforma judicial que restringirá los poderes del Tribunal Supremo. La medida ha generado la oposición de una parte de la población, que ha salido a las calles a realizar multitudinarias protestas.
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La reforma busca otorgar más poderes al Knesset (parlamento de Israel) en desmedro del Tribunal. En la especie, podrá revisar e incluso aprobar las leyes que el Tribunal Supremo haya derogado o declarado inconstitucionales, con una mayoría de 61 votos (120 en total). También le permitirá al gobierno dictar decretos que contravengan una decisión de la Corte. Asimismo, busca reforzar el poder de los políticos para elegir a los miembros del Tribunal y conferir a estos la posibilidad de elegir a sus propios asesores jurídicos.
“Estas reformas fortalecerán el sistema judicial y restaurarán la confianza del público en él. Las personas por las que no votamos deciden por nosotros, eso no es democracia (en alusión a que los ministros del Tribunal no son elegidos por voto popular)”, declaró Levin.
No obstante, son numerosas las voces que acusan al gobierno de querer atentar contra la independencia del poder judicial, y de contravenir el principio de separación de poderes. Así, miles de manifestantes se han volcado a las calles para denunciar lo que ellos consideran un “atentado contra la democracia”.
“Aquellos que intentan llevar a cabo un golpe de Estado unilateral y cambiar el régimen israelí deben saber que no estamos comprometidos con ellos de ninguna manera”, señaló Yair Lapid, líder de la oposición política.