La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Perú la imposición de 36 meses de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Castillo y dos de sus antiguos ministros, solicitud que será evaluada mañana viernes 3 de marzo en audiencia.
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La solicitud se enmarca en una investigación que la Fiscalía ha estado realizando contra Castillo y algunos de sus ex ministros, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Lo anterior, debido a irregularidades relacionadas con la construcción de obras públicas, en las que estarían involucradas la empresa Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
Junto al ex Presidente también serán formalizados los ex ministros de vivienda y transporte y comunicaciones por su presunta responsabilidad en estos delitos de corrupción.
Al día de hoy, Castillo se encuentra cumpliendo una prisión preventiva de 18 meses, decretada a raíz de otra investigación que está en curso por los delitos de rebelión y conspiración, a causa de su fracasada intentona golpista de diciembre de 2022. En aquella oportunidad fue destituido formalmente por el Congreso de Perú.
El nuevo gobierno ha debido afrontar una ola de protestas antigubernamentales de ciudadanos que piden la liberación de Castillo. Los disturbios, que estallaron en gran parte del país, han provocado decenas de víctimas y han puesto en una situación difícil a la presidenta Dina Boluarte.