La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y le ordenó a Gendarmería de Chile que -en un plazo de 2 meses- debe reparar y habilitar los servicios sanitarios de los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.
La resolución agrega que los hechos que dieron origen a esta acción –en síntesis- dicen relación con que el INDH sede Temuco se constituyó en el CCP de la ciudad de Temuco con la finalidad de examinar las condiciones que se encuentran las personas imputadas de delitos. En dicha visita se pudo verificar las condiciones de los servicios higiénicos, sistema de drenaje de aguas residuales o alcantarillado y filtraciones de aguas servidas. (…) las situaciones expuestas vulnerarían el derecho a la libertad personal y seguridad individual, y a la integridad física y psíquica de los recurrentes y demás imputados de dicha unidad penal. Garantías consagradas en el número 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de otros preceptos y directrices contenidos en diferentes instrumentos internacionales respecto de personas privadas de libertad, obligatorios para el Estado de Chile, como los que se mencionarán en lo sucesivo.
Para el tribunal de alzada, de las fotografías acompañadas por el recurrente y del informe del recurrido, quedan acreditados los hechos expuestos en el recurso, que pueden ser calificados como vulneratorios de las garantías fundamentales de los recurrentes y demás imputados del CCP de Temuco, lo que lleva a concluir que efectivamente Gendarmería de Chile no ha dado cumplimiento a su deber de garante del derecho a la integridad personal de los internos que se encuentran bajo su custodia y responsabilidad.
Agrega que ha resultado incumplida la normativa nacional e internacional a la que Chile se ha obligado, respecto del tratamiento que debe dispensarse a personas privadas de libertad, a saber, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en cuanto dispone: «El personal de gendarmería deberá otorgar a cada persona bajo su cuidado un trato digno propio de su condición humana. Cualquier trato vejatorio o abuso de autoridad será debidamente sancionado conforme a las leyes y reglamentos vigentes». Por su parte, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en su artículo 6° señala que: «Ningún interno será sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes, de palabra u obra, ni será objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas del presente Reglamento (..). La Administración Penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos y permitirá el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal».
Las obligaciones anteriormente relacionadas –continúa- reconocen su correlato, con igual fuerza vinculante incluso, en sendos instrumentos internacionales que regulan la materia analizada en el presente arbitrio. De esta manera, es ineludible tener presente las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), Asamblea General, resolución 70/175, anexo, aprobado el 17 de diciembre de 2015, el que perentoriamente señala -en lo pertinente a lo debatido- que: “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario” (Regla 1º). Por otra parte, se señala que “La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, a excepción de las medidas de separación justificadas y de las que sean necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación (Regla 3º)”.
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La Corte resolvió que habiéndose comprobado la existencia de un incumplimiento normativo por parte de la institución encargada de la custodia y cuidado de los amparados, se comprueba igualmente la afectación de la garantía del artículo 19 N° 7 de la Carta Fundamental y de los estándares mínimos sobre Derechos Humanos contenidos en los instrumentos aludidos con precedencia, lo que hace procedente el acogimiento de la acción, disponiendo esta Corte que se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, no siendo óbice para ello lo informado por la recurrida en orden a que se solicitarán los recursos para solucionar el problema, por cuanto, actualmente persisten algunas de las afectaciones denunciadas. (…) Que, en razón de lo anterior, será acogido el presente recurso de amparo, teniendo en cuenta los problemas de infraestructura del CCP de Temuco, presupuestario de Gendarmería de Chile y la urgencia de las obras que son necesarias realizar.
Por tanto, se resuelve que se acoge el amparo constitucional deducido en representación del INDH, en favor de todos los imputados internos del CCP de Temuco, solo en cuanto se disponen las siguientes medidas: Se instruye a Gendarmería de Chile que deberá adoptar en forma urgente todas las medidas que sean necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela del derecho fundamental amagado, debiendo informar a esta Corte, con copia al Instituto Nacional de Derechos Humanos, acerca del proceso de reparación y habilitación de servicios sanitarios, duchas, wc; y especialmente los problemas de infraestructura que impiden el digno acceso a servicios sanitarios, en un plazo máximo de dos meses. Además, se instruye a Gendarmería de Chile, que en el plazo de 15 días, debe dar solución a la filtración del baño del piso superior, y que afecta al baño de los recurrentes.