Al otro lado de la vereda, la carrera electoral ha estado enmarcada en el polémico cambio de locales de votación, franjas electorales que no han logrado generar interés en la ciudadanía y una campaña informativa que prepara el gobierno.

Todo esto y más en la nueva edición del Boletín Constitucional.

La semana de la Comisión Experta estuvo marcada por el secretismo y la discordia. Secretismo porque, si bien eran un secreto a voces, no existía información oficial de la secretaría de la corporación sobre las enmiendas presentadas. Y discordia porque las posiciones del oficialismo y de la oposición parecen ser cada vez más insalvables.

El fin de semana pasado ya lo anticipaba así. Los expertos tenían plazo hasta el lunes por la medianoche para presentar indicaciones a las normas del capitulado aprobadas en general y por unanimidad. En medio de su trabajo a contrarreloj, las primeras informaciones sobre los nudos entre el oficialismo y la oposición comenzaron a ser publicadas: listas cerradas o abiertas, el tipo de sistema de salud y el destino de las cotizaciones obligatorias, el fin o la continuación de los pactos políticos, modificaciones al umbral del 5% y muchas otras aristas que no lograban suscitar acuerdos.

El trabajo de los expertos incluso se extendió hasta la noche del domingo: pasada las 21:00 horas comenzaron a abandonar el edificio del ex congreso nacional tras una jornada preparando y redactando enmiendas. Y así fue, pero a medias: el trabajo terminó a la medianoche del lunes con más de 900 enmiendas ingresadas, pero con grandes tensiones entre ambos sectores que se irían acrecentando con el paso de los días. 

Prueba de los resquemores es la carta de citación, firmada por tres vicepresidentes de la DC, a la comisionada Anastasiadis, patrocinada por la falange. La información se dio a conocer aquel mismo lunes. Lo que algunos dentro de la tienda le han criticado ha sido su simpatía con iniciativas impulsadas por la derecha, como aquella que creaba un capítulo específico sobre FFAA, así como su rol distante y solitario con el oficialismo.

Y si bien la subcomisión de Función Jurisdiccional logró cerrar acuerdos entre sus miembros ante la presentación de enmiendas, las instancias de Sistema Político y la de Derechos Económicos y Sociales se enfrascaron en discusiones, por momentos, álgidas.

En el caso de la primera, según información que se dio a conocer el martes, el presidente de la “sala de máquinas”, Juan José Ossa (RN), y el comisionado Francisco Soto (PPD), mantuvieron un acalorado intercambio sobre las listas abiertas en la primera sesión tras la aprobación en general de los capítulos. El experto acusó al exministro de faltarle valentía a su sector para mantener su incipiente acuerdo sobre listas cerradas. 

En el segundo, la discusión se centró en los reparos del oficialismo al artículo que estipula que “cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea este estatal o privado”. A sus ojos, esto “constitucionaliza a las isapres”. La oposición, en cambio, sostuvo que “nadie los obligó” a patrocinar y aprobar normas que no eran del agrado del sector. Pidieron que mantuvieran la palabra empeñada. 

Así las cosas, finalmente el jueves la Secretaría Técnica del proceso ordenó y remitió las más de 900 enmiendas a cada una de las subcomisiones respectivas para que comiencen a revisarse. Las indicaciones van desde errores en el tipeo de redacción, hasta elementos estructurales que han marcado disputas ideológicas.

La discusión sobre Estado Social y Democritico de Derecho

Una que ya se anticipaba desde la discusión en general de los capítulos era la consagración de Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho. Si bien una de las bases institucionales del proyecto constitucional es su determinación como tal, se había anticipado una enmienda para que quedara estipulado en el primer artículo del anteproyecto. Y así sucedió.

Dos mociones fueron patrocinadas por los comisionados Domingo Lovera (RD) y Flavio Quezada (PS) y las comisionadas Magaly Fuenzalida (FRVS), Catalina Lagos (PS) y Antonia Rivas (CS). Una para modificar su redacción y otra para incorporar al Estado Social y Democrático de Derecho en su redacción. 

Lo que proponen es incorporar un inciso en el primer artículo del anteproyecto que estipule que “Chile es un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”. Este inciso es prácticamente idéntico al actual tercer artículo del anteproyecto.

Este cambio, en apariencia pequeño, se enmarca en una disputa estructural sobre la concepción del Estado Social y Democrático de Derecho y su compatibilización con el principio de subsidiariedad. Debate que se ha tomado los medios.

Eugenio Yáñez, director de la Escuela de Humanidades de la Universidad San Sebastián, sostuvo en una carta en La Segunda que la subsidiariedad es necesaria para garantizar el acceso a servicio en el Estado Social. Explica, además, que las dificultades que han existido para precisar la forma de organización social radica en la visión del hombre y su ser. 

Pero la concepción del Estado ha conllevado una disputa dentro de la comisión sobre los alcances entre los derechos y la libertad, particularmente en la salud. Así lo analizó El Mercurio en una editorial esta semana, donde planteó la peligrosidad que puede tener volver a discutir puntos del anteproyecto que ya estaban prácticamente acordados.

Fueron once indicaciones las que se presentaron para modificar el inciso 16 del artículo 17 del anteproyecto que resguarda el derecho a la salud. La gran mayoría vino del oficialismo, quienes ingresaron enmiendas para “asegurar” la disponibilidad de la salud y su fortalecimiento como servicio público, así como no “constitucionalizar las isapres” y las cotizaciones obligatorias en manos de privados.

Algo similar ocurrió con el inciso 17 del mismo artículo, el cual resguarda el derecho a la educación y que recibió 25 indicaciones, muchas de ellas también del oficialismo, y que tienen como objetivo robustecer el sistema educacional en general y garantizar la gratuidad en el sistema superior y técnico, entre otros.

¿Modificaciones al Banco Central? 

Otro de los debates que se anticiparon desde la discusión en general del capitulado fueron las funciones del Banco Central. De hecho, aquella vez las intervenciones estuvieron marcadas por la pertinencia de dotar o no de mayores capacidades al organismo.

Mientras los comisionados del oficialismo cuestionan las limitadas funciones que tiene hoy la máxima entidad bancaria de nuestro país, argumentando que deben ser modificadas para atender los desafíos de hoy como el desarrollo sustentable, la oposición, en cambio, defiende las actuales atribuciones, arguyendo que a través del principal y único objetivo del Banco Central, que es el control de la inflación, indirectamente se abordan otras problemáticas económicas como el desempleo o la pobreza.  

El actual capítulo del anteproyecto va en esta última línea: no presenta grandes innovaciones en la materia. Las tareas estipuladas por el artículo 180 son prueba de aquello: “El Banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”.

Lo mismo sucede con los mecanismos descritos en el mismo artículo: “Para estos efectos, el Banco podrá regular la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, y dictar normas generales en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales”.

Es precisamente por este motivo que el oficialismo presentó una indicación al capítulo para ampliar sus atribuciones. Patrocinada por los comisionados Alexis Cortés (PC), Catalina Lagos (PS), Flavio Quezada (PS), Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS) y Leslie Sánchez (PL), la enmienda busca intercalar un nuevo artículo que agrega una serie de funciones a la entidad bancaria: contribuir al bienestar social, a la estabilidad y eficacia del sistema financiero, así como el pleno empleo y la diversificación productiva, además de garantizar el cuidado del medioambiente.

Los mecanismos para evitar la Fragmentación Política

Pero el grueso de las deliberaciones que han llamado la atención de los académicos y los medios son las que radican en la “sala de máquinas”. La subcomisión de sistema político ha tenido la tarea de construir un nuevo sistema electoral, que evite la dispersión parlamentaria y favorezca las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. 

Si bien existieron consensos dentro de la comisión respecto a la incorporación del umbral del 5%, los detalles fueron objeto de observaciones, y no solo dentro de la Comisión.

Si bien han existido académicos que han mostrado su simpatía por la medida, entendiéndose como parte de una batería mucho más amplia de elementos que ayudarán a regular la fragmentación, otros han presentado reparos a las limitaciones que el sistema puede conllevar, como la exclusión de partidos con alto número de parlamentarios electos o las dificultades de aplicarlo en la cámara alta.

En esa misma línea es que se presentaron varias indicaciones para modificar el inciso segundo del artículo 48, que actualmente estipula que “sólo los partidos políticos que alcancen, al menos, un cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en cada rama del Congreso Nacional”.

Una de ellas, presentada por comisionados de ambos sectores, propone mantener el umbral del 5%, pero incluyendo la posibilidad de que, aquellos partidos que no alcanzan el mínimo de votos, puedan “constituir federaciones al objeto de cumplir con la referida exigencia”.

Por otro lado, comisionados de oposición ingresaron dos indicaciones para, primero, limitar el umbral a únicamente la cámara de diputados y, segundo, estipular que la regla no aplicará en caso que el partido tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional”, además de incorporar un mecanismo para que “los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños conforme a las reglas anteriores, se asignarán a los partidos del pacto que sí cumplan con los requisitos para integrar la Cámara de Diputadas y Diputados”.

Sin embargo, el nudo de la “sala de máquinas” ha sido el inciso primero del mismo artículo 48: el Sistema Electoral. Prueba de ello es que, en la primera etapa en que se votó en general los capítulos, no se haya llegado a consensos en la redacción de las iniciativas de normas y, por esa razón, se haya decidido postergar su redacción para el periodo de enmiendas.

De hecho, en el actual anteproyecto, en el primer inciso del capítulo solo se puede leer “Sistema electoral”. 

Los comisionados tampoco lograron consensuar acuerdos en esta pasada sobre si el sistema electoral debería implementar listas abiertas o cerradas. Así, tanto oficialismo como oposición presentaron propuestas con énfasis muy diferentes. 

La primera fue patrocinada por los comisionados Sebastián Soto (Evopoli), Juan José Ossa (RN), Katherine Martorell (RN), Máximo Pávez (UDI), Natalia González (UDI) y Hernán Larraín (UDI), y busca mantener la tradición electoral. 

Primero estipula que las elecciones del Congreso Nacional promoverá el “acceso igualitario de mujeres y hombres y la igualdad en el peso del voto”. Luego, consagra que “sus miembros podrán ser electos en listas de uno o más partidos”. Y, además, prohíbe la presentación de “listas de candidatos independientes”.

En tanto, el oficialismo presentó su indicación con el patrocinio de los comisionados Francisco Soto (PPD), Leslie Sánchez (PL), Antonia Rivas (CS), Flavio Quezada (PS), Catalina Lagos (PS) y Gabriel Osorio (PS).

En ella se estipula que “las elecciones parlamentarias se harán mediante un sistema electoral que dé por resultado, en la práctica, una efectiva proporcionalidad en la representación de los partidos políticos, en listas cerradas y bloqueadas, en la que el orden de precedencia de las candidaturas se alternará entre mujeres y hombres”.

La indicación de la oposición también aclara que “cada partido político constituirá una lista y aquellos no podrán celebrar pactos electorales”. Además, si bien prohíbe las listas independientes, “los partidos políticos podrán declarar, al interior de sus listas, candidaturas independientes”.

Las propuestas del oficialismo no solo han tenido oposición dentro de la comisión, sino también de algunos académicos, en particular el fin de los pactos electorales. En esta línea, algunos han sostenido que el presidencialismo funciona mejor cuando un presidente que no tiene una mayoría partidaria en el Congreso logra concretar coaliciones de gobierno con otros partidos.

E incluso en los medios ha habido un pequeño debate sobre el parlamentarismo y su inclusión en la nueva propuesta constitucional. Sin embargo, las voces han estado más en contra que a favor, por la inestabilidad política en la formación de gobiernos principalmente.

El nuevo Ministerio Público

Respecto a las enmiendas realizadas sobre el Ministerio Público, una de las que surgió luego de la revisión al Capítulo IX fue una nueva disposición transitoria al capítulo, en la que se expresa que “los procesos para la investigación y juzgamiento de crímenes que de acuerdo al derecho internacional constituyan crímenes de lesa humanidad, guerra o genocidio, (…)continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal”.

La indicación fue patrocinada por los comisionados Alexis Cortés (PC), Magaly Fuenzalida (FRVS), Catalina Lagos (PS), Domingo Lovera (RD), Gabriel Osorio (PS) y Antonia Rivas (CS).

En cuanto al Poder Judicial, este estuvo marcado por el ingreso de varias enmiendas. El Art. 148 establece que un Gobierno Judicial velará por el buen funcionamiento, el nombramiento, la formación y la gestión del Poder Judicial. Todo esto se llevará a cabo mediante órganos por cada uno de ellos que funcionen de manera coordinada, pero a la vez autónoma.

Este artículo recibió enmiendas por comisionados de ambos sectores, quienes postularon que una ley institucional regulará su composición, funcionamiento y las demás atribuciones de los órganos. Además, se postuló la creación de comisiones independientes encargadas del nombramiento de jueces y la gestión y administración del Poder Judicial. Estas comisiones serán coordinadas por medio de la Comisión Nacional de Justicia.

Representación Política

La paridad es un tema que se esperaba que fuera a entrar en las enmiendas, dado que ha sido uno de los más relevantes en la discusión de las y los expertos. En este sentido, la comisionada Magaly Fuenzalida lamenta que no se estableció una democracia paritaria en la primera instancia, aunque en su momento, alertó sobre la posible insuficiencia en artículos que tratan sobre el medioambiente, descentralización y derechos sexuales.

Ante este contexto y la avecinada elección del Consejo Constitucional, el expresidente del Tricel, Patricio Valdés, criticó que, cuando quedan tan solo 3 semanas para el sufragio, el congreso -recién- haya presentado una reforma para aclarar la norma de paridad para las votaciones.

El senado tuvo que aprobar una serie de proyectos vinculados al nuevo proceso constitucional durante la tarde del martes para explicitar ciertas normas. El entonces senador socialista, Alvaro Elizalde, explicó que el proyecto de paridad en el futuro Consejo Constitucional “simplemente establece una redacción más precisa para evitar interpretaciones erróneas”, luego de que el mismo Servel les haya pedido a los parlamentarios clarificar la norma. Otro proyecto aprobado fue el del ejecutivo que permite votar con el carnet vencido

A las críticas sobre representatividad se sumaron las palabras de la ex presidenta de la Convención Constitucional del anterior proceso, Elisa Loncón, quien sostuvo que la Comisión Experta marginó a los Pueblos Originarios “como en los peores tiempos del apartheid”. Es más, la ex convencional fue crítica en que se transformó y tergiversó el sentido de la plurinacionalidad “para decir que estábamos en contra del pueblo de Chile”, acusa Loncon.

Pero volviendo a la paridad, este es un tema presente tanto en el anterior como en el actual proceso constituyente. No obstante, es importante destacar que, de momento, la paridad no se consideró un principio constitucional. En esa línea, Paula Escobar expresó su preocupación por la paridad en este nuevo proceso constituyente, aunque aseguró que hasta ahora se “favorecerá el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales (…) y promoverá su participación en condiciones de igualdad”. No obstante, dicha acción no ocurrirá en todos los órganos del Estado.

Similar postura fue la de María José Cumplido, Directora Ejecutiva de la Fundación Iguales, quien expresó que el nuevo proceso constituyente es muy relevante para seguir avanzando en el principio de igualdad y no estima que no se puede dejar pasar la oportunidad de introducir el principio de no discriminación.

Ahora bien, en cuanto al texto constitucional, dos enmiendas presentadas en el Capítulo IV sobre el Congreso Nacional sugieren una composición paritaria. Esto es en el artículo 44, presentado por las comisionadas Antonia Rivas (CS), Veronica Undurraga (PPD) y Catalina Lagos (PS) y los comisionados Domingo Lovera (RD) y Francisco Soto (PPD), para incorporar en el primer inciso que “la misma ley establecerá el mecanismo de integración que asegure una composición paritaria entre hombres y mujeres”. 

Lo mismo ocurre con el artículo 45 que es propuesto por las comisionadas Catalina Lagos (PS), Fuenzalida, Antonia Rivas (CS) y Veronica Undurraga,(PPD)  y los comisionados Alexis Cortés (PC), Domingo Lovera (RD), Gabriel Osorio (PS) y Flavio Quezada (PS), quienes sugieren incorporar la misma frase solo que en esta vez al dicho articulo.

También, otra de las enmiendas que suma normas para la paridad es la modificación presentada por las comisionadas Natalia González (UDI) y Katherine Martorell (RN), y de los comisionados Hernán Larraín (UDI), Juan José Ossa (RN), Máximo Pavez (UDI) y Sebastián Soto (Evópoli) para sustituir el artículo 48 inciso 1, con el enunciado de “1. En las elecciones para elegir miembros del Congreso Nacional se promoverá el acceso igualitario de mujeres y hombres y la igualdad en el peso del voto”.

En línea con lo anterior, Rosa Ojeda destaca el acuerdo inicial de las 12 bases constitucionales que deberá tener la nueva Constitución. Asimismo, es importante destacar que la paridad es la forma de la cual estará compuesto el Consejo Constitucional. En suma, Ojeda mencionó que se podría apostar ir más allá de la paridad, puesto que “bajo la base mínima de un Estado Social de derechos, debemos impulsar la importancia de los derechos para las mujeres y diversidades de género y sexuales”. 

La nueva Corte Constitucional 

El capítulo VIII fue uno de los que más generó debate en la votación y discusión sobre el índice del anteproyecto a nueva Constitución. Existían dos bandos, la oposición, quienes querían mantener el nombre actual: Tribunal Constitucional; y el oficialismo, quien ganó la votación e introdujo el nombre “Corte Constitucional” como reforma.

El Art. 155 define a la Corte Constitucional como “órgano jurisdiccional, independiente y técnico, cuya función es garantizar la supremacía de la Constitución”. A este artículo los comisionados: Paz Anastasiadis (DC), Hernán Larrain (UDI), Domingo Lovera (FA), Katherine Martorell (RN), Catalina Salem (RN) y Leslie Sánchez (PPD); propusieron cambiar la palabra “independiente” por “autónomo”. 

Además, en la iniciativa de norma constitucional aprobada en general se proponía que el organismo funcionara en tres salas (Art. 158), lo cual fue sustituido por los mismos comisionados anteriormente mencionados, a dos, como funciona actualmente. 

De esta forma, los comisionados buscan estabilizar la jurisprudencia y perfeccionar el sistema de nombramiento de ministros.

Las elecciones y la carrera al Consejo

Las controversias también han estado en el otro frente constitucional: las elecciones. Tras la publicación de las nóminas de vocales de mesa designados para el próximo 7 de mayo, una serie de denuncias sobre cambios de locales de votación hicieron que el mismo presidente del Servel tuviera que dar explicaciones.  

La máxima autoridad del organismo, Andrés Tagle, atribuyó las quejas de electores a causa del cambio por no haber actualizado sus domicilios electorales en la página del Servel. 

Sin embargo, han sido decenas de denuncias, muchas de ellas realizadas por adultos mayores, y algunas de ellas con serias implicancias, como la realizada por Miguel Ángel Rivera Díaz.

El director Periódico La Península de Tongoy, acusó que existe “una enorme cantidad de personas habitantes de la localidad de Tongoy […] han sido trasladadas a locales de votación ¡ubicados en la ciudad de Coquimbo! […] Lo explicado por el director del Servel en cuanto a que estas situaciones se producen porque la gente no actualiza su domicilio, en este caso es absolutamente falso”.

Esto se suma a algunas voces que han denunciado la nómina de personas discapacitadas para ser vocales de mesa. Una problemática que elección tras elección parece repetirse y no encontrar solución.

Las denuncias llegan en un momento delicado de las elecciones, donde académicos explican la importancia de ir a sufragar el próximo 7 de mayo, pero donde las encuestas siguen indicando una alta desafección con el proceso.

Según los datos de la última edición de Pulso Ciudadano, sólo un 29,8% de los encuestados tiene interés en el nuevo proceso constitucional. Las personas sin ningún tipo de interés ascienden al 47,9%. Y respecto a la confianza sobre el proceso, solo 13,9% dijo tener mucha, un 23,6% mediana confianza y 62,5% nada. De hecho, esta última opción subió 7,7 puntos desde la edición de enero.

Las razones pueden ser muchas. Para expertos en campañas políticas, la franja electoral ha sido pobre, con cada pacto desaprovechando sus oportunidades de sintonizar con su electorado y con potenciales votantes o con complicaciones a la hora de construir un discurso común, como sucede con el oficialismo.

Otros han sostenido que la desafección nace de las condiciones estructurales impuestas por la “élite política”. Como sostuvo Gonzalo Delamaza, asegurar la participación de la gente “en el debate constitucional a través de mecanismos específicos y desarrollar una consulta indígena en serio, como mandata nuestro orden jurídico, parecen ser pre-condiciones iniciales para darle sentido a la participación”.

Asimismo, y por el desinterés de la ciudadanía, expertos temen la posibilidad del incremento del “voto nulo” en las próximas elecciones. Ni hablar del ausentismo. Es por eso que el gobierno prepara una campaña informativa. Eso sí, a diferencia de los procesos pasados, no se contratará a una productora especializada, sino que será la misma Segob la encargada de su puesta en marcha. Además, estará centrada en Redes Sociales.

Pero no todo es malo. En el último informe sobre los índices de audiencia, el CNTV explicó que, en el horario prime del lunes 10 de abril, la franja llegó a un peak de más de 1.500.000 televidentes. La visualización ha ido en aumento, sin embargo, el documento concluye que que la franja parece estar llegando al público que tradicionalmente ve televisión, sin alcanzar a grupos nuevos.

Otro tema son las campañas de los candidatos. No han sido pocos los analistas que han estudiado el foco en seguridad y la contingencia de los discursos en la franja por el grueso de los partidos políticos. Y más de alguna columna o carta han llegado a la conclusión de que el momento constitucional para impulsar esos cambios ya es parte del pasado. 

Los candidatos han participado de diferentes instancias en medios para continuar entregando sus propuestas, muy enmarcadas en la seguridad y con una que otra polémica. En conversación con La Tercera, el candidato Andrés Zaldivar (DC) afirmó que: “el Frente Amplio es una alianza política que ha querido casi refundar el país”.

Otros ya comienzan a tomar posturas con las normas que la Comisión Experta está discutiendo. Leslie Briones (RN), candidata al Consejo en la Región de Valparaíso, sostuvo en conversación con El Mercurio que, si bien existe una buena percepción sobre el trabajo organismo, si existen ciertos reparos a sus propuestas, como las órdenes de partido.  

Y hablando de Renovación Nacional, el expresidente Sebastián Piñera tuvo aparición en un afiche del candidato del partido Bruno Baranda. Además, el día lunes sostuvo reuniones con Gloria Hutt (Evópoli), Rodrigo Delgado (UDI), ambos ex ministros en su segundo gobierno y actuales candidatos al Consejo Constitucional, y el mismo Baranda. 

Es un secreto a voces que existía un tabú en presentar al exmandatario en pantalla por su baja aprobación y su asociación al Estallido Social durante su segundo gobierno. Sin embargo, su popularidad ha comenzado a crecer, supuestamente, por la comparativa con el gobierno actual. 

Una plataforma que se ha encargado de medir la popularidad en Redes Sociales de los candidatos es Decide Chile. Además, la página ha recopilado el financiamiento de los candidatos: 30 de ellos no recibieron peso alguno, mientras que el exministro Jaime Ravinet (Evopoli) ocupa el primer lugar con más de 120 millones de pesos.

Otro personero que ha hecho campaña por candidatos de su sector ha sido el candidato presidencial Franco Parisi. El fundador del Partido de la Gente inició su despliegue desde Talca con el fin de impulsar a los candidatos al Consejo Constituyente de su partido.

A qué prestar atención

Era un hecho que el trabajo de la Comisión más temprano que tarde enfrentaría disputas que tensaran el debate. Como explicó Sebastián Pizarro de la UAH, la aprobación unánime de las iniciativas de normas hace alusión a que se han minimizado discusiones complejas sobre materias constitucionales. Y ahora es cuando se iniciaran.

El panorama se ve complejo, al menos en algunos frentes. Ya en la subcomisión de derechos económicos y sociales, la primera en sesionar tras ser remitidas las indicaciones, hubo momentos ásperos. El comisionado Teodoro Ribera (RN) acusó que las enmiendas presentadas por la izquierda quieren introducir modificaciones que tergiversan lo aprobado. Al oficialismo no le gustó para nada la intervención del exministro.

La presidenta de la Subcomisión, Alejandra Krauss (DC), argumentó que estaban en su derecho sí querían introducir enmiendas que modifiquen el texto. Además, cuestionó la alusión dicha por su par: «comisionado Ribera, no le voy a aceptar que cuestione una conducta ética ni moral de nosotros”. 

En el horizonte ya se asoma la posibilidad de que los temas más relevantes (y controversiales) sean discutidos después de los comicios del 7 de mayo, para evitar caer en polarizaciones. Y, además, algunos comisionados han sincerado que se debe renunciar a cuestiones programáticas para alcanzar acuerdos. Que tanto estará por verse.

Los comisionados tienen un poco menos de dos meses para completar esta fase. Primero, se discutirán las enmiendas en su respectiva subcomisión, donde necesitan tres quintos de los votos para ser aprobadas, es decir, cuatro de seis integrantes. Luego, las indicaciones serán discutidas en el pleno para ser votadas de forma general por todos los miembros, con acuerdo de tres quintos (14 de los 24 comisionados) 

Si son rechazadas, tienen la opción de volver a la subcomisión para ser modificadas y ser presentadas nuevamente. La última fase es una nueva votación plenaria para su incorporación definitiva a la propuesta de anteproyecto de nueva Constitución.