La Comisión Experta continúa con la discusión en particular de las indicaciones intentando a la par enmendar los ánimos. La tensión entre el oficialismo y la oposición parece estar llegando a su fin. Las cuatro subcomisiones han continuado con la discusión de las indicaciones propias de su materia.
Por otro lado, el interés por el proceso sigue siendo escaso y las dudas sobre la concurrencia a los comicios una posibilidad que comienza a ser, tal vez, una realidad. Los partidos, en tanto, afinan los últimos detalles de la campaña, y ya comienzan a proyectar sus resultados. Las últimas polémicas pueden, sin embargo, terminar balanceando el péndulo de un lado al otro.
Todo esto y más en la nueva edición del Boletín Constitucional.
Los avances del proceso constitucional han sido cautelosos. A principios de esta semana, la Comisión Experta dejó de lado su espíritu fraternal y subió el tono confrontacional. El ingreso de más de 900 indicaciones al texto aprobado por unanimidad tensionó a ambos sectores. Mientras la oposición acusó que muchas de las enmiendas ingresadas por la izquierda venían a modificar lo ya acordado, el oficialismo defendió su derecho de poder ingresar indicaciones en aquellas materias en las que no hubo acuerdos.
La polémica y los disgustos no quedaron solo en eso. En la derecha hubo desentendimiento y, también, desconfianza: algunas normas ingresadas por el oficialismo ya habían sido propuestas por la Convención Constitucional.
La frase “hoja en blanco” comenzó a resonar en los pasillos del ex Congreso y en los medios de comunicación. La posibilidad de que la Comisión Experta termine sin entregar un anteproyecto sólido es, teóricamente, una posibilidad que el reglamento permite.
Este delicado momento fue denunciado por algunos columnistas en diarios y radios. La importancia de recordar cómo las disputas del proceso anterior terminaron por desafectar a la ciudadanía, o la relevancia de terminar en buen puerto para el prestigio nacional, fueron solo algunas de las voces que llamaban a la mesura. Y los comisionados tomaron nota.
Los ánimos de los debates se han ido apaciguando con el paso de la semana. Los comisionados han sostenido reuniones para acordar, primero, la importancia de mesurar el tono y, segundo, postergar las discusiones más relevantes (o controversiales) hasta después de las elecciones del 7 de mayo. Esto evitaría “contaminar” la discusión, y ha sido valorado por la Comisión.
En medio de esta “tregua”, las diferentes subcomisiones no se han detenido. El análisis de los capítulos y enmiendas que le corresponde a cada una de ellas ha marcado su semana.
El ajetreado día miércoles de Sistema Político
La “sala de máquinas” tuvo una semana intensa. Sus deliberaciones comenzaron el pasado martes, discutiendo la posibilidad de que menores de edad voten voluntariamente en comicios electorales. Mientras el oficialismo defendió la idea de que adolescentes de 16 y 17 años obtengan ese derecho, en la oposición existen dudas: encuentra complejo la idea de hacer “parcelaciones” a la condición de ciudadano, como explicó la comisionada Natalia González (UDI).
En la misma sesión, los comisionados además dieron una rápida revisada a uno de los capítulos más complejos del anteproyecto: Congreso Nacional. Aquí están redactadas las normas y enmiendas claves que, entre otras cosas, buscan dotar al cuerpo de medidas que eviten la dispersión parlamentaria. Sin embargo, aquí también están las diferencias más irreconciliables.
De hecho, la jornada del día miércoles se centró especialmente en la discusión acápite cuarto. Mientras el oficialismo propuso la idea de listas cerradas y prohibición de pactos electorales, la oposición defendió la tradición de listas abiertas y los pactos entre los partidos.
En la oposición alegan que las medidas propuestas por el oficialismo consagraría una “oligarquía de partidos”, y que los pactos también favorecen a crear cohesión dentro de los gobiernos electos. En el oficialismo, en tanto, acusan que los pactos favorecen la aparición de pequeños partidos que terminan por fragmentar al parlamento, y explican que las listas cerradas ayudarían a fortalecer a los partidos y entregar mecanismos para asegurar la paridad.
Esta es, de hecho, una de las mayores prioridades de los partidos de izquierda y centro izquierda en esta segunda etapa de la discusión, junto a la consagración de escaños reservados para pueblos indígenas. Y dos expertas de la subcomisión han reencarnado posiciones antagonistas.
Mientras la abogada electa de Convergencia Social, Antonia Rivas, ha defendido estas “demandas históricas” que dotarían a la democracia de mayor representatividad, la comisionada de la UDI, Natalia González, valoró la actual ley de cuotas que regula el acceso paritario y defendió las ideas existentes dentro del parlamento por sobre los pueblos a las que pertenecen.
La otra gran disputa sobre el Sistema Electoral está en el umbral del 5%. La medida busca impedir que partidos bajo este guarismo accedan a escaños parlamentarios y, así, evitar la fragmentación política.
La norma ha sido controvertida. Distintos analistas han debatido en medios sobre sus bondades y desgracias. Pero las alarmas se han encendido en algunos partidos. Si bien la regla general ha sido entregar completa libertad de acción a sus comisionados, algunas colectividades han comenzado a “conversar” con sus expertos designados y comunicarles su preocupación con la norma. Sin embargo, los acercamientos han llegado tarde.
El umbral del 5% es prácticamente un hecho. El detalle, sin embargo, es lo que está en discusión. La derecha ingresó la indicación para que aquellos partidos que obtengan al menos ocho parlamentarios no sean limitados por el umbral. Además, propuso que se aplicara únicamente a la cámara baja.
El oficialismo defiende la existencia del umbral tal cual está. Sin embargo, un grupo de comisionados de ambos espectro políticos ingresó una indicación que permitía la creación de “federaciones” para aquellas agrupaciones que no alcanzaran llegar al guarismo. Todo está aún por verse.
Por si fuera poco, la subcomisión trató aquella misma sesión del día jueves el capítulo quinto del anteproyecto: Gobierno y Administración del Estado. Aquí las concordancias son más que las diferencias.
Como ejemplificó el experto Francisco Soto (PPD) durante su intervención en la subcomisión, existe un pertinente acuerdo en proseguir con la tradición del régimen presidencialista. En un principio, algunos académicos y personeros políticos habían sugerido la idea de avanzar hacia un semipresidencialismo o parlamentarismo de lleno.
Otras normas del capítulo limitan la reelección presidencial a un única vez y no continuada al primer mandato, el establecimiento de elecciones parlamentarias en conjunto a la segunda vuelta presidencial y la consagración de las Fuerzas Armadas en el acápite como “obedientes y no deliberantes”.
Si bien existen ciertas discrepancias en algunas normas, específicamente con la celebración de elecciones conjuntas, no llegan al tenor de lo que sucede en el capítulo cuarto.
Finalmente, y siguiendo la tónica de los días anteriores, el día jueves la subcomisión volvió a reunirse para analizar y discutir el capítulo sexto: Gobierno y Administración Local y Regional.
Existe consenso dentro de los comisionados de avanzar en la descentralización del país, y eso se pudo observar a lo largo de la sesión. El diagnóstico es compartido, y los comisionados se mostraron satisfechos con algunas medidas que avanzan en esa línea, como entregar mayores atribuciones a los municipios o la prohibición de tutela a las organizaciones territoriales del país para, así, impedir que el gobierno central decida sobre competencias regionales o locales.
Los puntos críticos y las propuestas de Función Jurisdiccional
Durante la jornada del martes, distintos especialistas financieros y académicos expusieron ante la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Los comisionados expertos iniciaron el diálogo sobre las enmiendas realizadas al Banco Central. Su presidenta, Rossana Costa, estuvo presente en la sesión, y expuso sus ideas sobre los alcances a las indicaciones ingresadas.
Costa mencionó que las enmiendas le parecen del todo atingentes y que “contribuyen a dotar de mayor estabilidad al marco jurídico del Banco Central”. Sin embargo, sí mencionó algunas modificaciones en cuanto al Art. 182, la presidenta del organismo propone modificar la referencia a la ley de quórum por la ley institucional.
Además, en la misma instancia, la comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, Bernardita Piedrabuena, pidió ante la subcomisión mayor autonomía. Actualmente goza de autonomía legal, pero se pide también la operacional y financiera. La tramitación de fondos se hace, muchas veces, engorrosa. Asimismo, apuntó que la cuota que se les cobra a los bancos para la financiación de la CMF no va de forma directa a ellos, y se destina a las arcas fiscales, sumado a que su presupuesto ha ido decreciendo con los años y no ha sido suficiente para las funciones requeridas, que han ido a veces en aumento.
En la misma línea de reuniones de las subcomisiones con integrantes de organismos importantes, el jueves la subcomisión recibió al ministro del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Jorge Dahm, junto a la secretaria relatora del organismo, Carmen Gloria Valladares.
Acerca de la indicación que propone ampliar la acción del organismo en las elecciones internas de los partidos políticos, Dahm expuso en su presentación las particularidades de las colectividades. Ante esto, argumentó que con la propuesta de la Comisión experta, sería como “inmiscuirse en la vida interna de los partidos”.
La comisionada Leslie Sánchez (PPD), en vista de los comentarios, propuso establecer un mecanismo intermedio, y que regule el debido cumplimiento de las elecciones internas sin intervenir la institucionalidad de cada partido.
Otro organismo que, según los académicos de la facultad de Derecho de la UAH, Leonardo Moreno y Rafael Blanco, necesita tener autonomía es la Defensoría Penal Pública. Hoy está en desmedro del Ministerio Público y bajo el poder Ejecutivo. La importancia radica en “garantizar mayores niveles de independencia funcional y orgánica, generando las condiciones que permitan mayor gravitación de la institución para participar del debate de políticas públicas en relación con los roles y funciones de los actores del sistema y, en especial, para representar la perspectiva o visión sobre los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas que son sujetos de persecución criminal”.
Las votaciones de las enmiendas de esta y otras subcomisiones se realizarán, en principio, entre el 10 y 12 de mayo. Ante la urgencia, los comisionados partícipes de la subcomisión tienen cinco puntos críticos que resolver.
El primero, tiene que ver con la organización de los Tribunales, tema que genera división dentro de la subcomisión. Una de las enmiendas propone que “los jueces se distinguirán entre sí únicamente por la diversidad de sus funciones”. Esto afecta al carácter horizontal o jerárquico del Poder Judicial. Por este motivo, la enmienda añade que la Corte Suprema esté al mismo nivel que la Corte de Apelaciones y los Tribunales de Justicia. De este modo la única diferencia que tendrían serían las materias que resuelven.
El segundo punto crítico aborda la definición de nombres e integrantes de la Comisión Nacional de Justicia o Consejo Coordinador del Poder Judicial, y de los cuatro órganos autónomos ya aprobados en el anteproyecto de texto constitucional. Catalina Salem (RN), presidenta de la subcomisión, argumentó que el debate de estos organismos estará marcado por lo que se defina respecto a la organización de los tribunales.
El tercero, y uno de los más controversiales, se refiere al control de constitucionalidad preventivo o facultativo de las leyes de la Corte Constitucional. Mientras que el cuarto, que también será discutido dentro del capítulo séptimo, aborda el control de decretos supremos sobre el cual no hubo acuerdos para mantener las atribuciones, que actualmente sí tiene el Tribunal Constitucional.
Por último, pero no menos importante, el quinto nudo es resolver cómo se integrará el Consejo Consultivo y la reformulación de la Defensoría de las Víctimas.
Las discusiones dentro de la Subcomisión de Principios y Derechos Políticos
Con el objetivo de recibir puntos de vistas de diferentes sectores, en la Subcomisión de Principios y Derechos Políticos fueron recibidas diferentes autoridades el día lunes.
La primera de ellas fue la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien abordó la priorización del reconocimiento constitucional de la niñez y adolescencia.
En representación de la Agrupación de Confesiones Religiosas en Chile, el Obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, también acudió a la instancia, donde comentó la importancia respecto a la libertad religiosa.
El Director Jurídico de Fundación Iguales, Mauricio Hernández, también llegó hasta los salones del ex Congreso, y destacó la relevancia de la igualdad y la no discriminación en el texto constitucional.
Por último, el exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y exembajador, Domingo Namuncura, llegó hasta la sesión de la subcomisión, y mencionó las distintas aristas que componen al país, tanto nacionales como internacionales. En dicha ocasión, también estuvo Iván Alejandro Cheuquelaf, de la Comisión de Expertos en Derechos Indígenas.
Ya el día martes se dio inicio a la discusión de algunas enmiendas. Una de las primeras trata sobre el recurso de amparo, el cual incluso estaría presente respecto a penas privativas de libertad. En otras palabras, con dicha enmienda se buscaría dejar explicitado la posibilidad de resguardar, mediante el amparo, las situaciones donde se esté ejecutando la privación de libertad -previamente- decretada por un tribunal.
Aquí, una de las principales discusiones será el Estado Social y Democrático de Derecho. La compatibilización con el principio de subsidiariedad y la primacía de la persona ha sido tema de debate en las últimas semanas.
Para el exembajador, Arturo Fermandois, es una “preocupación” que se quiera eliminar el principio de servicialidad del Estado. Aunque valoró los derechos sociales consagrados en el anteproyecto.
Medio Ambiente, Paridad y Educación
El día lunes se reunió la subcomisión que mayores dificultades ha tenido para encontrar acuerdos: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Los comisionados iniciaron la presentación de enmiendas respecto al capítulo XIII: “Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo”
En la instancia, el experto Flavio Quezada (PS) indicó que “se propone una división en dos epígrafes, uno donde se aborda en específico la protección del medio ambiente, y otro en el cual se proponen normas vinculadas a la sostenibilidad y desarrollo”. Asimismo, el comisionado Alexis Cortes (PC) comentó que este era uno de los capítulos más desafiantes. Jaime Arancibia (RN) celebró el inicio de esta discusión y Catalina Lagos (PS) destacó la diferencia entre ciertos conceptos para su discusión.
Tras presentar las primeras enmiendas, dicha subcomisión recibió a ciertos académicos de este ámbito, quienes corresponden al exministro de Medio Ambiente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, y los abogados Ezio Costa y Edesio Carrasco. En dicho contexto, se destacó la posibilidad de que Chile pierda el “27% de su crecimiento económico en cuanto a los climas más extremos”, y que el país “tiene la mayor cantidad de muertes por contaminación atmosférica de Latinoamérica”.
La discusión medioambiental ha ido lentamente ganando importancia en el debate, en parte por los grandes vacíos que tenía el anteproyecto aprobado en general. En este sentido, el actual Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, expresó que en la nueva Constitución debe haber “una apuesta por la seguridad alimentaria”, más inversión en agua y apoyo al desarrollo rural.
Incluso candidatos al Consejo Constitucional se han sumado al debate en los medios. El economista Andrés Palma propuso cinco puntos desde donde abordar a la nueva constitución respecto al medioambiente.
Y es que el contexto actual es la oportunidad de levantar un nuevo texto constitucional que modifique el marco institucional y permita cuidar el medioambiente. Tal como lo explicó María Undurraga, Decana de la Facultad de Ciencias Naturales USS, Los datos muestran que el 74% de los encuestados considera importante estar en contacto con la naturaleza y un 72% llevar una vida sustentable.
No obstante, la subcomisión dio pasos importantes, dado que terminó de discutir las 32 enmiendas correspondientes al capítulo XIII sobre “Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo”. En tanto, las y los comisionados tuvieron diferencias para dejar dentro del borrador ciertos principios como la prevención, precaución, no regresión, justicia ambiental, equidad y justicia climática.
Seguido de ello, la subcomisión pasó a discutir los temas competentes respecto del capítulo II sobre “Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales”, donde se revisaron asuntos como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la vivienda adecuada, a la alimentación adecuada, a la cultura, a la libertad creativa y al deporte.
Otro de los temas que han suscitado debate en los medios ha sido el derecho a la educación, particularmente la libertad de enseñanza de padres. Algunos han pedido aclaraciones de normas ambiguas al respecto.
Mientras, otras voces han encendido el debate sobre la entrega de la salud como un bien de servicio y no como un derecho. Sostienen que el proceso constitucional es el minuto para consagrarlo como tal y no como “una mercancía de stock”.
Las controversias electorales
En el otro frente, la noticia de la semana fue, sin lugar a dudas, el apoyo de Ricardo Lagos a su exministro Jaime Ravinet, quien compite con Natalia Piergentili por un puesto en el Consejo Constitucional. Lo insólito del caso fue que, hacía no mucho atrás, el expresidente había declarado que su candidata era la actual presidenta del PPD, partido que el mismo Lagos fundó.
El apoyo lo hizo a través de un video que el candidato de Evópoli hizo circular por Redes Sociales, y dónde Lagos lo llamaba un “hombre de acción”. Las repercusiones no tardaron en llegar.
Los dirigentes y parlamentarios del PPD mostraron su descontento. Sin embargo, la presidenta le restó dramatismo al asunto. ”Su corazón y voto está en la centro izquierda”, dijo.
A raíz de la polémica, la timonel del PPD se reunió con el exmandatario el pasado martes en la Fundación Democracia y Desarrollo. En esta instancia, Lagos reconoció que fue un “error” enviar ese mensaje al candidato de Chile Vamos y reafirmó su apoyo a Piergentili.
Sin embargo, esa no fue la única polémica en la que se vio involucrada la presidenta del PPD. Piergentili realizó una comparación entre el exsenador Jaime Guzmán y Rodrigo Rojas Vade, sosteniendo que no quería “una Constitución escrita por estos pelados”. Tras la molestia de la derecha, y particularmente la UDI, la candidata al Consejo Constituyente tuvo que pedir disculpas.
La candidata también tuvo un impasse por un video de campaña donde aseguró que “jamás me he tenido que dar una voltereta en seguridad” y asegura que siempre ha apoyado a Carabineros. La frase no habría caído bien dentro del propio gobierno del que forma parte por su alegoría.
Pero las controversias también han existido en el lado de la oposición.
El diputado Diego Schalper envió un correo electrónico al Tribunal Supremo del partido Renovación Nacional pidiendo suspender de la coalición y, en su defecto, expulsar a la actual candidata al Consejo Constituyente por la región de O’Higgins, Ivonne Mangelsdorff, por la investigación que se lleva en su contra por los delitos de cohecho, fraude al fisco y soborno.
Hablando de fraudes, la comisionada de RN, Katherine Martorell, declaró ante Fiscalía por un caso de corrupción en el que se vio envuelta mientras ejercía su cargo de Secretaria de Prevención del Delito del gobierno de Piñera. Martorell, se vio envuelta en la compra de más de 300 cámaras corporales por $378 millones para Carabineros de Chile, las cuales no cumplían su propósito.
Por otro lado, el mismo Jaime Ravinet fue acusado de no haber agregado toda su información patrimonial a la declaración de Patrimonio e Intereses, exigida a quienes postulan a cargos de elección popular. Por ejemplo, no menciona que aparece en el registro de accionistas de Marbella Country Club S.A. (en 2023) y Valle Escondido (en 2017). También presenta menores avalúos en sus propiedades y tampoco menciona su participación en alguna de sus empresas.
Las proyecciones de los partidos
Las controversias son resultados de las álgidas últimas semanas de campaña, donde los diferentes partidos han desplegado al grueso de sus figuras. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, estuvo realizando una gira por el territorio nacional esta semana, apoyando a los candidatos de la lista Chile Seguro.
La carrera se ha dificultado para el bloque de Chile Vamos. Los sectores más pesimistas dicen tener asegurados al menos cinco candidatos, proporcionalmente menos a los 11 senadores que actualmente poseen. Renovación Nacional sería el gran perjudicado, donde no obtendría escaños por la Metropolitana, en parte por los dichos de su presidente, Franciso Chahuán, quien accedió a “la posibilidad de un órgano estatal que sea justamente el que pague las pensiones”. Ese mismo día se retractó de lo dicho.
Según expertos, la gran disputa no será contra el oficialismo, sino que se dará dentro del mismo sector.
Por un lado, el Partido Republicano lanzó una fuerte campaña securitaria con la gran movilización del excandidato presidencial José Antonio Kast. La colectividad espera conseguir entre 7 y 8 consejeros y, además, ser el partido más votado individualmente.
Las fricciones entre los partidos tradicionales de la derecha y la nueva colectividad han sido evidentes en la última semana. La gran batalla tomará lugar en el distrito once: el sector oriente de Santiago. Para algunos analistas, esto puede convertirse en una medición de fuerzas entre ambas listas.
Por otro lado, el Partido de la Gente ha tenido una estrategia similar: la gira de su líder, Franco Parisi, en distintos puntos estratégicos del país. Si bien en un principio esperaban conseguir entre 4 y 8 consejeros, los quiebres internos entre sus diputados electos, sumado a la aparición de la diputada Pamela Jiles en su franja, han hecho creer que obtendrán entre 3 y 5 escaños.
Al otro lado de la vereda, los partidos oficialistas son conscientes de que la carrera está “cuesta arriba”. Primero, debido a la reciente derrota en el plebiscito de 2022 y la agenda de seguridad y, segundo, por el financiamiento de la derecha.
Los mayores aportes de los grandes empresarios han ido a parar a partidos más conservadores, siendo la UDI la más beneficiada. Por ejemplo, Wolf Von Apen aportó un total de 70 millones repartidos entre el Partido Republicano, Chile Vamos e independientes pro derecha. Horacio Pávez aportó 40, Sandro Solari 20, Patricia Matte 19 y Juan Hurtado 14 millones.
Las voces más optimistas del oficialismo hablan de obtener 25 escaños entre las dos listas. Pero la estimaciones más cercanas a la realidad rondan los 20 escaños, donde Todo por Chile obtendría entre 3 y 7 y el resto sería para Unidad para Chile.
Pero, tal como sucede con la oposición, dentro del oficialismo existe división en el distrito 7. Mientras el senador Juan Ignacio Latorre (RD) busca impulsar la candidatura de Valeria Cárcamo, militante del mismo partido, el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, apuesta por la candidata de su colectividad: María Pardo.
Las predicciones de los expertos, en algunos puntos, coinciden. La gran mayoría de ellos están de acuerdo con un buen rendimiento electoral para el Partido Republicano, el cual comienza a tomar fuerza luego de tomar como base a ese 20% que votó rechazo en el plebiscito de entrada, con lo que se convertiría en la colectividad individual con más apoyo.
Otra elemento donde hay concordancia es en la peculiaridad de las elecciones: con obligatoriedad de voto, desafección popular e inscripción automática. Algunos no han querido, por tanto, dar grandes predicciones, pero un elemento que consideran clave será el rendimiento del PDG, que podría restar votos a la derecha tradicional.
Pero existen discrepancias. Si bien Alex Callis cree que la lista ganadora en el oficialismo será Unidad para Chile (Apruebo dignidad junto a socialistas y liberales), el cientista político, Mauricio Morales cree que la lista de Todo por Chile probablemente tendrá un mejor rendimiento electoral de lo esperado.
La polémica semana del Servel
Las controversias no han estado solo en los candidatos. Hace un par de semanas atrás, María Teresa Proust escribió una carta al director a El Mercurio donde denunció que sufrió el cambio de local de votación. Pasó de demorarse un par de minutos caminando al lugar a más de 20 en auto. Al percatarse, llamó al Servel pidiendo explicaciones, a lo cual recibió como respuesta un simple “perdón por las molestias”.
Nuevamente, María Teresa envió una carta al director al mismo medio, preguntando por el criterio que tuvo el Servel para realizar correcciones en los locales de votación que beneficiaron a siete mil personas. En el caso de la autora de la carta “las molestias se mantienen”.
El presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, explicó que estos controversiales cambios se debieron a dos factores: problemas de georreferenciación en lugares rurales y el tiempo acotado de realizar las elecciones antes del día de la madre.
Sin embargo, las controversias fueron tales que los diputados de la comisión de Gobierno de la Cámara Baja lo invitaron a una sesión para dar explicaciones ante este suceso. El presidente del ente autónomo entregó las mismas explicaciones y confirmó que 7.569 electores de ocho regiones fueron reasignados.
Las justificaciones de Tagle no fueron suficientes para algunos diputados, quienes demostraron descontento ante la situación. La respuesta del presidente fue que se desconocen si hubo casos similares, lo que provocó consternación en los parlamentarios de la comisión.
Ojo con la desafección y el ausentismo
Una de las grandes preocupaciones de analistas, candidatos y partidos es el desinterés que existe hoy en la ciudadanía con el proceso y las elecciones. Muchas voces lo vienen denunciando, cada una de ellas entregando diferentes razones.
El ex ministro de la Secretaría General de Gobierno entre los años 2020 y 2022, Jaime Bellolio, argumenta que la polarización, la aparición de candidatos desconocidos y la confusión de los pactos electorales explican la desafección.
En cuanto a la desafección, algunos creen que la respuesta está en los mecanismos de participación ciudadana en el proceso. El sociólogo y doctor en filosofía, Max Colodro, afirmó que la redacción del nuevo texto constitucional quedó sometida a tal cantidad de resguardos y cerrojos, que el resultado de las urnas será poco incidente en la definición de sus contenidos más relevantes”.
Sea como sea, las estadísticas no mienten. Las discusiones dentro de la Comisión Experta siguen pasando inadvertidas. Lo ejemplifica la regla general de, hasta ahora, no haber más de 20 personas viendo las sesiones.
Asimismo, estudios revelan que solo un 3% de la ciudadanía está muy informado sobre el proceso, mientras que un 45% dijo estarlo solo un poco y un 38% absolutamente nada. Esta diferencia se hace más acentuada por nivel socioeconómico. Además, un 66% dijo no conocer a ningún candidato.
El panorama para los partidos es inquietante. Y, de hecho, las colectividades oficialistas venían pidiendo campañas informativas del gobierno sobre las próximas elecciones. Eso finalmente sucedió, aunque recién ahora, a sólo trece días de los comicios.
La campaña del gobierno lleva como eslógan “Votar es importante, porque eres importante”, y será difundido por las redes sociales del Ejecutivo y por los medios que pertenecen a la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile (Arcatel). Las críticas no tardaron en llegar desde la oposición por lo próximo a las elecciones y su acotado alcance.
A lo anterior se suma los últimos movimientos del Parlamento para asegurar unas elecciones paritarias. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley -con 104 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones- al proyecto que consagrará la paridad de género en el organismo electo, luego de que el Servel pidiera aclarar la norma.
Pero estas no son las únicas dificultades para asegurar una participación suficiente que otorgue legitimidad al nuevo proceso.
Una serie de diputados anunció que no emitirían sufragios válidos en las próximas elecciones. En una entrevista, la diputada de la bancada PPD, Camila Musante, reveló que votaría nulo y que no era la única parlamentaria que pensaba hacerlo. Dicho y hecho, el senador Karim Bianchi (IND) y el diputado humanista Hernán Palma anunciaron que anularían el voto en los próximos comicios.
Lo anterior se suma a los llamados a restarse de los comicios del exconvencional y exdiputado del PC, Hugo Gutiérrez, por considerarlas un “fraude democrático”. El Partido se desmarcó de sus dichos y llamaron a la movilización este 7 de mayo.
Otra exconvencional que ha criticado abiertamente al proceso actual es su expresidenta Elisa Loncón, quien acusó a la Comisión experta de una discriminación hacia los Pueblos Originarios “como en los peores tiempos del Apartheid”.
Sus dichos fueron controversiales. Pedro Villarino investigador de Faro UDD, sostuvo que el dilema de la ex-presidenta de la Convención es “que pudiendo ver, no ve”. Loncón ha declarado que la derrota del apruebo es explicado por la campaña de desinformación que existió por parte de la entonces oposición. Sin embargo, para Villarino la causa del rechazo es más simple: el proyecto de constitución era malo jurídica, técnica y espiritualmente.
Una editorial de El Mercurio también cuestionó a la “izquierda” por deslegitimar el proceso constituyente actual, puntualmente a Loncón. “La discrepancia que pueda tener la exconvencional dista de justificar la comparación con un régimen de opresiva segregación racial y abuso como fue el apartheid”, sostuvo el decano de la prensa chilena.
Esta última semana que se avecina será clave para obtener las certezas, no de los resultados electorales sino de la participación en los comicios. Algunos analistas han planteado la posibilidad de tener un proceso deslegitimado en caso de haber poca concurrencia. ¿Podrá la campaña del gobierno levantar el interés ciudadano? ¿Tendrá alcances los llamados a restarse del proceso? Solo el tiempo nos dará las respuestas.