La Corte Suprema de Brasil imputó penalmente a las primeras 100 personas investigadas por su presunta participación en los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado, ocurrido el 8 de enero del presente año. En aquella oportunidad partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro utilizaron la fuerza para invadir las dependencias estatales, lo cual fue considerado un fallido Golpe de Estado.
La medida fue tomada en el marco de las investigaciones que aún siguen en curso para esclarecer y determinar las responsabilidades de una serie de actores, incluidos miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Los delitos que se imputan son los siguientes: abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daños calificados, asociación para delinquir e incitación al crimen. Todos estos ilícitos se encuentran tipificados en el Código Penal brasileño.
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La investigación, dirigida por los magistrados de la Corte Suprema, posee dos aristas bien definidas. Por un lado, se investiga a los ejecutores de los ataques, y por el otro, se indaga a los posibles instigadores. Entre estos últimos se encuentra Bolsonaro, quien recientemente tuvo que declarar ante la Policía Federal por su presunta responsabilidad en la instigación de los ataques. No obstante lo anterior, un grupo de parlamentarios ha propuesto crear una comisión investigadora que indague los hechos en forma paralela.
Se espera que prontamente aumente sustancialmente el número de imputados, pues preliminarmente se señala que 1.390 personas han sido denunciadas. De ellas 239 serían instigadoras y 1.150 ejecutoras.
“No se trata de cualquier manifestación crítica que pueda tipificarse como delito, pues la libertad de expresión y el pluralismo de ideas son valores estructurales del sistema democrático, y que merecen la debida protección. Pero, son inconstitucionales las conductas que apunten a controlar el poder del pensamiento crítico, así como a destruir el régimen democrático, junto con sus instituciones republicanas, predicando la violencia, la arbitrariedad, y el irrespeto a la separación de poderes «, señaló la Corte Suprema en un comunicado.