La violencia gineco-obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Ésta se expresa en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Así se define en una resolución, que solicita al Gobierno tomar medidas para erradicarla del sistema de salud chileno.
Agrega que esto lleva a la pérdida de la autonomía y a la apropiación del cuerpo de las mujeres por parte del personal de salud. Ello se expresa mediante prácticas, por ejemplo, de sobre medicación de las mujeres, con graves consecuencias o efectos para la salud.
En la resolución se argumenta que, muchas veces, el personal de salud no tiene la formación necesaria y suficiente para atender estos procesos.
Por tanto, se señala que el sistema está al debe en programas sobre políticas públicas y espacios de contención eficientes que promuevan a nivel país, el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Esta situación, lamentablemente, se extendería a lo largo del territorio.
Violencia gineco-obstétrica
De acuerdo a lo establecido en el documento, una de las formas de violencia gineco-obstétrica más común son las amenazas, los retos y la infantilización. Así, también, los comentarios sobre su cuerpo o genitales y la realización de procedimientos intencionalmente dolorosos sin pedir su consentimiento o sin explicar la razón.
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Junto a aquello, existe un número alto de mujeres que dicen ser impedidas de mantener contacto inmediato con su guagua recién nacida. O, bien, que a varias mujeres les hicieron sentir que no habían estado a la altura de lo que se esperaba de ellas.
Frente a esto, la Sala aprobó solicitar al Presidente Gabriel Boric reconocer que en Chile existe violencia gineco-obstétrica. La idea es implementar una reforma integral y progresiva al sistema de salud, que aborde los problemas que atraviesan las mujeres y personas con capacidad de gestar, en los procesos de gestación, parto y puerperio.
Las autoras de la resolución son las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas.