El gobierno de Bolivia presentó el proyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción, cuyo objetivo es aumentar el nivel de transparencia institucional y prevenir la corrupción. El proyecto fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para el cumplimiento de los trámites legislativos pertinentes.
La normativa no solo busca establecer sanciones, pues pone énfasis en la prevención de los delitos a través de una serie de medidas. En este sentido, introduce la “verificación” de la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos. También permite a las empresas prescindir del secreto bancario, para así transparentar ante la opinión pública los dineros obtenidos de parte del Estado.
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Establece además un sistema de seguimiento y control de los procesos de contratación en las licitaciones públicas, en todos los niveles, para así establecer un marco de análisis de la información disponible que permita gestionar de mejor manera los riesgos. De esta forma las compañías que contraten con el Estado deberán integrar una “lista de integridad empresarial.”
Busca asegurar la interoperabilidad de los sistemas implicados para lograr una fiscalización eficaz. Para lograr este objetivo, el proyecto prescribe su modernización y digitalización. También introduce modificaciones en materia penal, introduciendo la prohibición temporal para el ejercicio de la función pública. Si el funcionario miente en su declaración de renta y bienes, se aumentará su pena privativa de libertad.
“La propuesta establece sanciones administrativas e inmediatas; en el marco del cumplimiento normativo, se propone establecer los mecanismos para transparentar los procesos de contratación con el Estado. Las empresas que cumplan con las reglas de transparencia y cumplan las cláusulas anticorrupción, serán parte de una lista de integridad”, señaló Iván Lima, Ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia.