El martes pasado se retomó la discusión constitucional. Dentro de las comisiones continúa el análisis al anteproyecto, recibiendo observaciones de académicos y, de cuando en cuando, entrando en uno que otro debate un poco más acalorado. Pero todo pasa casi inadvertido. Mientras, la Secretaría de la Participación comienza a tomar un poco mayor de relevancia, y ya se prepara para recopilar la información de las audiencias públicas de este fin de semana.
Todo esto y más en una nueva edición del Boletín Constitucional.
El frío y la tormentosa lluvia del fin de semana, y el aún más tormentoso caso de Democracia Viva, han acaparado todas las miradas. Y en los medios, las sesiones de las comisiones del Consejo Constitucional han pasado a segundo plano, al menos de momento.
Pero mientras, dentro del ex-congreso, los consejeros siguen revisando y discutiendo los capítulos del anteproyecto y sus respectivas normas. Ya han existido algunos pequeños desencuentros, incluso dentro de las mismas fuerzas de izquierda y, también, en el seno de la derecha.
La elección de los integrantes de las comisiones y sus respectivas presidencias generó tensiones dentro del mundo de la derecha. En Renovación Nacional y Evópoli se ha visto con resquemor la cercanía de la UDI con el Partido Republicano. Pero también, en el gremialismo existiría aprehensiones por cómo se llevaron dichas negociaciones.
Al otro lado de la vereda, la principal disputa fue, en su minuto, designar al vocero de la bancada del Partido Comunista y de Convergencia Social. Finalmente, el partido del presidente Boric hizo valer su mayoría y se quedó con la jefatura de la bancada. Pero también, la idea de instaurar una vocería oficial del sector terminó generando cierta tensión, vocería que nunca fructificó.
El rol de los partidos y el derecho a la educación
En medio de este tenso y, literalmente, frío clima, las cuatro comisiones se pusieron manos a las obras el día martes tras el feriado. Y para ello, recibieron a un sinfín de académicos para escuchar sus opiniones y aprensiones sobre el texto despachado por la Comisión Experta.
Las primera comisión en sesionar fue la de Función Jurisdiccional, citada a las 9:30 de la mañana, y donde se abordó el capítulo IX: Ministerio Público. Para ello, se contó con la presencia del académico Mauricio Duce, magíster en ciencias jurídicas de la Universidad de Standford y profesor de derecho en la Universidad Diego Portales.
Dentro de los temas que regula el acápite, destacan los cambios al ejercicio de la acción penal pública y el nombramiento de los fiscales regionales y adjuntos. Asimismo, el anteproyecto consagró la creación de fiscalías supraterritoriales y un Consejo Consultivo del Ministerio Público, una especie de órgano asesor del Fiscal Nacional.
Por otro lado, y ya durante la tarde, la Comisión de Derechos recibió a tres expertos y académicos para revisar el derecho a la educación y libertad de enseñanza.
La primera de ellas fue Valentina Quiroga, ex-subsecretaria de Educación y gerenta de Desarrollo Humano de Fundación Chile. También estuvo presente Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, y el ex-ministro de educación y director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas Raúl Figueroa.
A esa misma hora también sesionaban las comisiones de Sistema Político y la de principios. La primera de ellas debatió, junto a académicos invitados, la idoneidad de potenciar el rol de los partidos políticos y limitar su proliferación y cantidad, un punto compartido por los catedráticos recibidos. Sin embargo, existieron algunas discrepancias sobre, por ejemplo, modificar el actual distritaje.
Mientras, la Comisión de Principios también recibió a una serie de académicos para recibir sus análisis sobre el artículo 16 del anteproyecto: los derechos de las personas. Cada uno de ellos valoraron los avances en las materias, aunque también algunos manifestaron reparos en los alcances generales o de uno que otro numeral específico.
La paridad y la salud
El día miércoles, los ojos estuvieron sobre la denominada “sala de máquinas”. La comisión sesionó, junto a la de Principios, durante la tarde, y recibió a tres investigadoras para debatir sobre el principio de paridad. Cada una de ellas con visiones contrapuestas.
La historiadora Valentina Verbal sostuvo que este tipo de principios “atentan contra la democracia liberal y el feminismo”; la politóloga Javiera Suárez-Cao argumentó que el la regulación debe favorecer la participación de las mujeres, pero no necesariamente garantizar un mecanismo de salida; y la investigadora de la Cep, Carme Le Foulon, defendió la idea del mecanismo, pero sostuvo que tal vez lo mejor sea dejar los detalles al legislador.
Sin embargo, desde el Partido Republicano lanzaron una serie de cuestionamientos hacia los postulados de las dos últimas académicas. En efecto, los consejeros presentes defendieron la idea de no generar mecanismos de salida por cuestiones socioculturales, lo que generó un ávido debate y que, además, marca una diferencia con la posición oficial del partido pronunciada por el delegado de su bancada, Luís Silva.
Mientras tanto, y en otra sala del ex-congreso, la comisión de principios recibió a una serie de académicos para continuar con la discusión del artículo 16 del anteproyecto: los derechos y las libertades. Y, al igual que el día miércoles, se valoraron los avances, aunque presentando algunas inquietudes en puntos específicos.
Sin embargo, también durante el día sesionaron las dos restantes comisiones: Función Jurisdiccional y Derechos Sociales. La diferencia fue que su citación fue a primeras horas de la mañana.
La primera de ellas analizó las normas que regulan al Banco Central (BC). Y para ello, contó con la presencia –y observaciones– de su actual presidenta, Rossana Costa, y el investigador Aldo Madariaga. La principal observación favorable, defendida por la titular del instituto emisor y los sectores de la oposición, es el control de la inflación como su principal función; y la principal inquietud, planteada por el académico y por sectores del oficialismo, son las nuevos factores que la entidad debería tener en consideración, sobre todo en materia ambiental.
Por otro lado, la comisión de Derechos Sociales tocó un tema que ya en la Comisión Experta generó grandes diferencias y que, de hecho, no logró quedar zanjado del todo: el derecho a la salud y, en especial, el rol de los particulares.
En la instancia se recibieron las exposiciones de la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, y el director de Salud de la Municipalidad de La Pintana, Julio Sarmiento. La primera insistió que se debe resguardar la libertad en la elección del prestador, pero “en ningún caso” constitucionalizar el sistema de isapres. Sarmiento, por su parte, criticó el actual sistema privado, y explicó que, a su juicio, la superación del Estado subsidiario hacia un Estado Social sería la forma de mejorar la globalidad de la salud.
La visita del Contralor
El día jueves, tal como fue la tónica de la semana, las cuatro comisiones continuaron con la discusión de sus respectivos capítulos. Y, esta vez, quien llamó la atención fue uno de las autoridades recibidas en audiencia: el contralor Jorge Bermúdez.
No es la primera vez que expone en este proceso y, de hecho, fue recibido con anterioridad por la Comisión Experta. Esta vez, llegó temprano por la mañana para asistir a la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos para, precisamente, revisar el capítulo XI: Contraloría General de la República.
En la instancia, Bermúdez insistió en fortalecer los requisitos para acceder al cargo de contralor, además de valorar la propuesta de la Comisión Experta. Sin embargo, fue imposible evitar abordar en la sesión el caso de Democracia Viva.
En específico, el actual contralor de la República resaltó la importancia de la presencia de la institución en el control, a través de mecanismos de vigilancia, hacia las entidades que manejen recursos públicos.
Por otro lado, y a esa misma hora en la mañana, otras dos comisiones estuvieron sesionando: la de Principios y la de Derechos Económicos.
La primera de ellas abordó materias como el debido proceso, el derecho a la educación sexual en niños y jóvenes y las violaciones a los derechos humanos. Y recibió, para sus fines, a algunos académicos, como el académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), José Pedro Silva; y la ginecóloga infanto-juvenil y Magíster de la Universidad de California, Andrea Huneeus.
El primero de ellos se refirió sobre el derecho al debido proceso, puesto que consideró necesario mejorar el texto del anteproyecto debido a “imprecisiones” y “confusiones”. Mientras que Huneeus expuso sobre los derechos sexuales y reproductivos y la importancia de la educación sexual en niñas, niños y adolescentes.
Otro de los expositores de la Comisión fue Rodrigo Bustos, director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, quien remarcó que, en vista de lo sucedido durante el Estallido Social de 2019, donde se denunciaron 10 mil casos de violaciones a los derechos humanos, el Estado “tiene deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente a las personas en este tipo de situaciones”.
Mientras que la segunda comisión, la de Derechos Sociales, continuó abordando materias de su competencia, esta vez centradas en el cambio climático, el agua, la sostenibilidad y la adaptación.
La instancia recibió la participación de académicos y ex-autoridades, uno de ellos el ex-ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo. En la sesión, el ex-secretario de Estado explicó que la tarea de la sostenibilidad no solo es parte del Estado, sino que también de los privados.
Asimismo, el el exsubsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, resaltó la importancia de contar con procedimientos técnicos en esta materia; y las académicas Dominique Hervé (U. Diego Portales) y Verónica Delgado (U. de Concepción) detallaron que Chile se encuentra entre los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.
Finalmente, el día de las comisiones finalizó con la de Sistema Político, donde se revisaron una amalgama de temas con una también variopinta composición de invitados: desde letrados como Hernán Larraín Matte, hasta un ex-comandante en jefe de las FFAA, como lo fue Edmundo González; pasando también el ex presidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen; y el representante del laboratorio de políticas públicas Pivotes, Rafael Palacios.
Este último calificó este proceso como una oportunidad para “hacer al Estado más eficiente y al servicio de las personas” a través de una serie de cambios, como separar al gobierno de la administración del estado, delimitar entre funcionarios de gobierno y de la administración pública, crear una institucionalidad técnica que permita la evaluación de las políticas públicas, y continuar con la digitalización del Estado.
Para este viernes, además, estaba programada una sesión plenaria con el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes.
Las Iniciativas Populares de Norma y Audiencias Públicas
Otra arista del proceso constitucional que ha pasado algo desapercibida es la participación ciudadana. En parte por la desafección con el proceso, en parte también por los otros escándalos que han empañado la semana. Sin embargo, la Secretaría de la Participación Ciudadana ya se encuentra recopilando adeptos para apoyar iniciativas populares de normas y, de hecho, ya hay una que logró superar el umbral de las 10 mil firmas para que, así, sea discutida dentro del Consejo.
Se trata de “Con mi plata no”, una moción para “garantizar la propiedad, heredabilidad y el derecho a elegir que tenemos los trabajadores sobre nuestros ahorros previsionales”. Y es que, junto a esta, hay otras 1.291 propuestas que podrán ser apoyadas por los ciudadanos hasta el próximo 7 de julio.
Otras iniciativas que, tal vez en cuestión de horas, alcancen tal nivel de apoyo son “Por un Estado sin Pitutos”, “Respeto por las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno”, y “Chile por los Animales”.
Además, se recibieron un total de 1.841 solicitudes de audiencias públicas por parte de personas y organizaciones, quienes serán recibidas en 75 sedes diferentes de las universidades asociadas al proceso a lo largo de este fin de semana. Allí podrán ser escuchados y, posteriormente, la Secretaría de la Participación emitirá un informe que les será entregado a los consejeros.
Tras los pasos republicanos
Y si bien la discusión entre los consejeros es cada vez de mayor forma y fondo, también los sectores de la oposición han sido particularmente cuidadosos. En el sector hay conciencia de que el equilibrio alcanzado con el anteproyecto es frágil, y que agredir ciertos principios del oficialismo podrían terminar distanciando al sector.
Sin embargo, ya han existido ciertos indicios, tanto dentro de las comisiones como en intervenciones públicas, sobre las posiciones de los consejeros de la oposición sobre temas sensibles. Una de ellas es, por ejemplo, defender la no implementación de la salida de paridad, consagrar la libertad de elección en salud o crear un nuevo capítulo específico para las Fuerzas Armadas y de Orden.
La idea es barajada por el grueso de las fuerzas de derecha, y de hecho es una de las prioridades del sector, pero aún existen cuestionamientos a si acaso el Consejo tiene el mandato jurídico para agregar un nuevo capítulo a la propuesta de los expertos.
Sea como sea, esta es una discusión que ya tuvo en su minuto la misma Comisión Experta y que, por un solo voto, la idea impulsada por la derecha fue rechazada. El oficialismo, por un lado, abogaba por mantener la tradición constitucional y resguardar sus funciones bajo el capítulo de Gobierno; mientras que la oposición, por el otro, buscaba mantener la redacción actual de la constitución.
Otras medidas que apuntan hacia esa línea son el fortalecimiento del rol del presidente en el control de las fronteras, la constitucionalización de la gendarmería y, además, la idea de crear una “arquitectura nacional de seguridad que coordine a los distintos agentes involucrados”. Y, cada una de ellas, ha contado con la aprobación del Partido Republicano.
Es un hecho que la tienda liderada por Arturo Squella no solo ha estado enfocado en el proceso constitucional. Sin ir más lejos, ya hay voces que han explicado que el partido ha puesto en marcha su planificación para competir, a largo plazo, en las próximas presidenciales de 2024.
La tarea, sin embargo, no será sencilla. Su primer obstáculo electoral serán las municipales del próximo año, que históricamente han dado luces sobre las elecciones para la presidencia de la república. Pero además, en los sectores de Chile Vamos ya han habido voces confrontando directamente a los republicanos, una de ellas ni más ni menos que la actual edil de Providencia y principal carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei.
Pero la colectividad también es consciente de la relevancia de su rol en el actual proceso. Y, en esa línea, dar un buen cauce al Consejo Constitucional es clave para aspirar al sillón presidencial.
Por eso, el ex-abanderado y principal figura del partido, Jose Antonio Kast, no solo ha estado pendiente de cómo avanza el proceso, sino que recientemente se ha pronunciado. El ex-militante de la UDI planteó que el anteproyecto, de tener modificaciones en ciertos apartados, podría invitar, en un principio, a aprobar.
Ojo con la discusión en los medios
Si bien la discusión constitucional está pasando desapercibida, en los medios sí han existido voces levantando propuestas y haciendo observaciones al anteproyecto de la Comisión Experta que vale la pena tener en consideración.
Uno de ellos, por ejemplo, es el inmovilismo político dentro del Estado. Y, de hecho, la propuesta no solo ha sido una declaración de principios, sino que incluso se convirtió en una iniciativa popular de norma, una muy popular y nombrada “Por un Estado sin pitutos”.
También relacionado con el Estado, aunque con un enfoque completamente diferente, son sus propuestas sobre su control. Más específicamente, se han propuesto mejoras al sistema de acceso a cargos públicos y administración para, así, evitar casos de derroche y corrupción.
Sin embargo, no todo han sido propuestas, sino que han existido críticas, y no pequeñas, a las dimensiones del Estado según la nueva propuesta. Hay quienes, en esa línea, sostienen que el anteproyecto restringe la capacidad del Estado Social, quedando su figura reducida al papel y sin capacidad real de hacer frente a los desafíos socioeconómicos del presente.
Pero también han surgido propuestas fuera del ámbito propiamente estatal. Una de ellas ha analizado las relaciones exteriores de acuerdo al anteproyecto, y otro ha discutido la polémica aplicación de los recursos de protección.
Es de esperar que, con el paso de los días y semanas, la discusión de los contenidos constitucionales lentamente comience a tomar fuerza. Y, en ese caso, vale la pena tenerlos en consideración.