Las exposiciones en las subcomisiones

La semana constitucional estuvo más cargada que la recién pasada. Se acerca la votación de las enmiendas y se notan las diferencias entre las y los integrantes del Consejo Constitucional. Pero hay algo que esperan todos los sectores: El pronunciamiento de la Corte Suprema.

Mientras tanto, las subcomisiones mantienen su debate de las enmiendas presentadas tanto por Unidad para Chile, Republicanos y Chile Seguro. En este contexto, la comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado ha tenido importantes exposiciones para avanzar en acuerdos constitucionales: La visita de las y los expresidentes de Chile, Sebastián Piñera, Ricardo Lagos, Eduardo Frei –quien envió un documento con sus comentarios– y Michelle Bachelet, quien fue la última en pasar por el ex Congreso.

Uno de los comentarios que resaltó en la exmandataria fue cuando manifestó que “es esencial enfocarse en lo que nos une y no en posiciones personales ni partidarias”. Algo muy parecido a Ricardo Lagos cuando expresó su preocupación por las enmiendas identitarias.

Por otra parte, Bachelet afirmó que si la propuesta constitucional que emanase del Consejo Constitucional es parecida al actual texto presentado por la Comisión Experta, votaría a favor.

La ex Jefa de Estado se mostró de acuerdo con el umbral del 5%, porcentaje que deberán alcanzar los partidos políticos para optar a escaños dentro del Congreso. Su argumento fue que dicha norma va en el camino para evitar fraccionamientos, además de entregar una mayor gobernabilidad.

Los derechos sexuales y reproductivos fue otro de los temas abordados por Michelle Bachelet. Respecto a ello, manifestó que algunas enmiendas significarían un retroceso para las mujeres. 

Ante dicho tema, la exmandataria fue firme y aseguró que “yo creo que las mujeres son las que deben tomar sus propias decisiones. (…) Lo que el Estado tiene que hacer es ofrecer opciones para que las personas, según sus propias creencias, su religión, su vida, puedan tomar las mejores decisiones”. 

Por otra parte, la salud también estuvo dentro de su exposición. Para Bachelet, sería un despropósito constitucionalizar las Isapres, un debate que viene siendo parte del Consejo Constitucional desde casi su inicio. El argumento que dio la expresidenta, fue que dicho tema corresponde a ser materia de ley. Ahora bien, a su juicio, deben existir tanto proveedores públicos como privados.

En cuanto a la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, una exposición que se robó miradas fue la del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien abordó las enmiendas presentadas al Ministerio Público.

Valencia destacó la autonomía constitucional del órgano perseguidor de delitos, así como también los aspectos vigentes y que funcionan que se mantienen en el texto, y manifestó que lo importante es “tratar de mejorar aquello que requiere cambio”.

Uno de los puntos en los que enfatizó fue que “si el Ministerio Público dependiera del ejecutivo, existiría el riesgo, la amenaza, que pudiera ser utilizado -por ejemplo-, como herramienta de persecución a los adversarios políticos”.

También, se refirió a la creación de una Fiscalía de Alta Complejidad, entidad a la cual, según Valencia, deberá determinarse su accionar y las materias que abordará bajo el concepto de “alta complejidad”. 

En este sentido, mencionó que “junto a la mención a la alta complejidad, debiera agregarse la mención expresa al crimen organizado, ya que esto daría una amplitud mayor al sentido de competencia de esta fiscalía, además de relevar una cuestión hoy valora la ciudadanía”. Así fue como también manifestó imprescindible que la máxima autoridad del Ministerio Público pueda entregar instrucciones en los delitos que le corresponda investigar a dicha entidad.

En cuanto a la creación de la Fiscalía de Asuntos Internos, Valencia afirmó que le parece inadecuada, además de que resulta inorgánica a la institucionalidad vigente. El argumento para esto, fue que “provoca una personalización en la persecución penal que puede generar incentivos perversos”.

“Permitiría utilizar estratégicamente las denuncias y querellas para incidir en alguna investigación compleja en curso, porque el nombramiento -por la Corte Suprema-, del Fiscal de Asuntos Internos -sin ninguna intervención del Fiscal Nacional-, implicará que en materias relevantes de la institución, un funcionario concentrará un poder excesivo en un órgano que es jerárquico, como el Ministerio Público”, aseguró.

Además, abordó la aparición de un Consejo Consultivo que, vale mencionar, estaría presidido por el Fiscal Nacional y su labor sería asesorarlo en ciertas materias.

Para la máxima autoridad del Ministerio Público, dicha propuesta “atenta contra la autonomía constitucional del Ministerio Público (debido), a la injerencia que puede tener el Poder Ejecutivo -a través de los más altos cargos, como la Policía, Gendarmería y el propio Ministerio de Seguridad Pública-, dada las funciones que se le otorgan, y la obligación de ser convocado para ser oído en ciertas materias”.

En este sentido, las funciones que se le asignan al Consejo, para Valencia “refuerzan el carácter atentatorio a la autonomía de la institución. El Ministerio Público propuso, en su momento, un Consejo Consultivo (nacional), con una réplica regional, de carácter ciudadano y participativo, que permitirá mejorar la “rendición de cuenta”, transparencia y la valoración institucional, junto con ser una instancia para las políticas criminales escuchando a la ciudadanía”.

Ahora bien, si se decide mantener pie firme y avanzar en dicha propuesta, el Fiscal Nacional sugirió que la función e integración del Consejo Consultivo se consagre mediante la ley institucional.

Una entidad que no quedó fuera de las exposiciones fue el Banco Central. Su presidenta, Rosanna Costa, fue la encargada de analizar las enmiendas presentadas al Capítulo XII sobre dicha entidad bancaria.

En su exposición, Costa destacó que en el anteproyecto se haya dejado consagrado que la entidad bancaria “tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Para estos efectos, podrá regular la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, junto con dictar normas generales en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales”.

En esta línea, la presidenta del Banco Central, consideró que el anteproyecto le entrega un marco jurídico a la entidad para preservar su autonomía y el carácter técnico, además de encomendarle la misión de tener un control de la inflación y el normal funcionamiento en el sistema de pagos.

De esta forma, consideró que algunas de las enmiendas “versan sobre elementos centrales de la institución, incluso algunas de ellas pueden poner en riesgo la autonomía del Banco Central o generar efectos indeseados para el adecuado cumplimiento de sus funciones”.

Por otra parte, Costa se mostró contraria a la enmienda que busca establecer instancias de coordinación entre el Banco Central y el gobierno. Su fundamento fue que “permitiría a la ley establecer instancias de coordinación con el gobierno, para definir materias directamente relacionadas con la ejecución del mandato del BC, sus atribuciones y consideraciones adicionales”.

Esto fue respondido por la consejera constitucional, María Pardo (CS), quien destacó la importancia que puede haber en la –posible– coordinación que tenga el Banco Central con el gobierno. 

“Bajo ningún respecto, la enmienda, tiene como finalidad poner en entredicho la autonomía del BC. En la ley orgánica del ente emisor existe una vinculación con el ministro de Hacienda, lo que -a nuestro juicio debiese existir coordinación con otras carteras, ya que hay otras materias en las que también pueden incidir la política del BC y que se podrían tomar en consideración”, manifestó.

Antes de terminar, la consejera resaltó que el objetivo es “a nivel de coordinación y nunca de suplantación o de intervención en las competencias del BC”.

¿Rechazo 2.0?

Una de las preocupaciones que ya se instaló en el Consejo Constitucional es el posible rechazo a la propuesta de nueva Constitución que emane del órgano redactor. Uno de los sectores que está atento a dicha situación es el partido Republicano, quienes son mayoría en el Consejo Constitucional. Una de sus estrategias fue difundir un video donde se repite un objetivo: “Te quiero Chile”.

El audiovisual surge cuando el Consejo Constitucional no pasa por su mejor momento y cuando comenzó la discusión de enmiendas.

En este sentido, la encuesta Criteria fue una de las que arrojó los últimos resultados respecto a la aprobación que tiene el órgano redactor de la propuesta de nueva Constitución.

Los resultados no son alentadores. El Consejo Constitucional cifró una aprobación de tan solo un 14%, mientras que el interés por el proceso constitucional tampoco ve resultados positivos: Un 31% (-1) se declaró como muy o bastante interesado.

El –posible– rechazo a la propuesta de nueva Constitución cada vez aumenta. Según Criteria, solo un 25% –8 puntos menos que el anterior balance– de la población considera que la propuesta de texto constitucional estará en concordancia con los intereses que tiene la sociedad. En tanto, un 75% (+8) considera que el texto final no tendrá sintonía.

Ahora bien, el rechazo como tal a la propuesta tuvo variaciones. A pesar de que un 44% de la población no ha tomado una decisión de sí aprobar o rechazar el texto constitucional, la negativa se mantiene en alza. Vale decir que este porcentaje tuvo una baja de 8 puntos, disminución que favorece la inclinación al rechazo.

De esta manera, el “en contra” pasó de 31% a 41%, mientras que el “a favor” tuvo una baja pasando de 17% a 15%. Una situación que preocupa en la interna del Consejo Constitucional.

Las alternativas de estas bajas son variadas. Una de estas es la desafección y desgaste de la ciudadanía respeto del fallido proceso constitucional de 2022. Más aún, considerando que el ambiente y la solicitud de cambios constitucionales se ha venido gestando desde hace años, entre estos el proceso constitucional impulsado por la exmandataria Michelle Bachelet.

A lo anterior, se suma la desafección en la política y la desconfianza que se ha creado debido a la falta de acuerdos constitucionales. En este contexto, el Consejo Constitucional, según las encuestas, no ha mejorado dicho ambiente.

El debate de las enmiendas

Las múltiples enmiendas demuestran que existen diferencias entre los distintos sectores políticos dentro del Consejo Constitucional. Las permanentes discusiones que se han generado en torno a las enmiendas, han demostrado la falta de consenso que aleja a la ciudadanía de este proceso. “Una Constitución consensuada, sería un gran éxito para el país”. Así lo plantea la editorial de El Mercurio del día domingo, en donde se les recordó a los consejeros constitucionales la gran labor que tienen respecto a la oportunidad que tiene Chile de un positivo impulso al desarrollo.

Las distintas subcomisiones siguen recibiendo a expertos con el objetivo de debatir las enmiendas presentadas, por lo que los disensos en ciertos temas se hicieron presentes. Tal fue el caso de la sesión de la comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos; donde se abordaron las indicaciones presentadas al Capítulo I sobre Fundamentos de Órden Constitucional.

La consejera RD, Kinturay Melin, se refirió al reconocimiento de los pueblos originarios y la deuda que mantiene el Estado respecto a este ámbito.“Hay un grupo político que ha desarrollado enmiendas que restringen el alcance de los tratados de derechos fundamentales”, expresó la consejera. 

Durante la semana esta misma comisión trató temas como la protección de la niñez, la paridad, el terrorismo y tratados sobre Derechos Humanos. Con respecto a la paridad, la consejera UDI, Carolina Navarrete, expresó que se debería sustituir la palabra “asegurará” por “favorecerá”. Su bancada propone este cambio para que se puedan desarrollar diferentes estrategias de inclusión, sin forzar una paridad rígida.

En cuanto a los tratados internacionales, el comisionado experto, Máximo Pávez (UDI), defendió la enmienda que dispone que  “los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y que se encuentren vigentes tendrán rango constitucional”.

Sobre los derechos de la niñez, representantes de la Defensoría de la Niñez, llamaron a revisar ciertas enmiendas que podrían perjudicar en lo ya avanzado. Mientras que en cuanto al terrorismo, la representante de la Agrupación de Mujeres por la Araucanía, mencionó la importancia de las enmiendas que proponen la creación de tribunales que investiguen específicamente actos de terrorismo.

Por su parte, la comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; presentó enmiendas sobre los principios tributarios contenidos en el Capítulo II. Con respecto a esto, el consejero del Partido Republicano argumentó que debido al Estado Social y Democrático de Derecho, es necesario precisar garantías complementarias. 

En relación a lo último, explicó cuatro garantías: precisar el principio de igualdad tributaria, los tributos no deben tener un alcance confiscatorio, incluir el principio de capacidad contributiva y por último, debe incluir el principio de racionalidad y simplicidad del gasto tributario. 

La comisión de Sistema Político, por su parte, debatió enmiendas relativas a la participación ciudadana y partidos políticos. Además, debatió sobre el número de parlamentarios y distritos. 

La próxima semana se esperan arduas jornadas de debates a las votaciones. ¿Se podrán llegar a consensos?, ¿Existirá un mayor interés ciudadano? 

Eso está por verse en el transcurso de las próximas sesiones.