La Corte Suprema del Reino Unido emitió un fallo en el que declaró ilegal la política gubernamental para deportar solicitantes de asilo a Ruanda. Este veredicto representa un duro golpe para el gobierno conservador de Rishi Sunak, que había defendido la medida como parte fundamental de su estrategia para frenar la llegada de migrantes desde el Canal de la Mancha.
La Corte respaldó la decisión previa del Tribunal de Apelaciones que estableció que Ruanda no era un lugar seguro para los refugiados. De manera contundente, afirmó que estaba “de acuerdo con su conclusión», destacando que la implementación de este plan violaría tanto el derecho británico como el derecho internacional.
El rechazo unánime de la Corte Suprema a una política emblemática del gobierno supone un revés significativo para el primer ministro Rishi Sunak, en un momento de agitación política intensa en el Partido Conservador, que ha estado en el poder durante 13 años y enfrenta un rezago en las encuestas.
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A pesar de la decisión del tribunal, el gobierno mantuvo su compromiso de enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda, aunque no dejó en claro cómo se llevaría a cabo ni si podría implementar antes de las elecciones generales previstas para el próximo año.
La política fue anunciada inicialmente en abril de 2022 por el entonces primer ministro Boris Johnson, en un intento por cumplir con la promesa de campaña del Brexit de «recuperar el control» de las fronteras británicas. Sunak, quien prometió respaldar el plan durante su campaña por la dirección del Partido Conservador, ya había autorizado pagos a Ruanda por un total de al menos 140 millones de libras, o casi 175 millones de dólares, como parte del acuerdo.
Desde el principio, grupos de derechos humanos y políticos de oposición criticaron ampliamente la política, señalando el historial problemático de Ruanda en materia de derechos humanos. Los críticos del gobierno consideran que el fallo valida las advertencias constantes de expertos legales que afirmaban que la idea era inviable, dadas las obligaciones de Reino Unido bajo diversos tratados internacionales. En su veredicto, destacó la posibilidad de que los solicitantes de asilo en Ruanda enfrenten la «devolución», exponiéndolos a la posibilidad de ser enviados de vuelta a sus países de origen y enfrentar violencia o maltrato.