El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió las demandas deducidas contra Rusia por el arresto y juzgamiento de dos ciudadanos georgianos acusados de espionaje en la República de Abjasia, territorio controlado de facto por Rusia, a pesar de que el derecho internacional lo reconoce como parte integral de Georgia. Constató una vulneración de los artículos 5.1(a)(c) (derecho a la libertad y a la seguridad), 6.1 y 3(c) (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En 2012, los dos demandantes fueron detenidos por las autoridades de la república separastista de Abjasia (reconocida por Rusia), por haber sido descubiertos, presuntamente, con armamento militar y en forma clandestina. Según los actores, durante su cautiverio fueron maltratados y sometidos a duros interrogatorios antes de ser condenados a 11 y 13 de cárcel, respectivamente, por el delito de espionaje y posesión ilegal de armamento.
Los dos hombres alegaron que, aunque dijeron a los tribunales que sus confesiones habían sido extraídas bajo sospecha, esas declaraciones se habían utilizado como parte de las pruebas utilizadas para condenarlos. Ambos hombres quedaron en libertad en 2016 tras la intervención de las autoridades georgianas.
Posteriormente demandaron a los Estados ruso y georgiano en estrados del TEDH, alegando que habían sido maltratados y que su detención había sido ilegal, debido a que no tuvieron una audiencia justa y porque no tuvieron ningún recurso efectivo para plantear sus quejas. Estimaron que ambos Estados tenían jurisdicción sobre el territorio de Abjasia.
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En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) al determinar si los demandantes estaban dentro de la jurisdicción de Georgia o Rusia o de ambas, en el sentido del artículo 1 del Convenio, es una cuestión de hecho si un Estado ejercía un control efectivo sobre un área. Aunque Georgia no tenía un control efectivo sobre los actos de las autoridades de facto en Abjasia, tenía jurisdicción sobre la zona porque el derecho internacional público reconocía a Abjasia como parte del territorio de Georgia”.
Sin embargo, agrega que “(…) Rusia había ejercido control efectivo de la zona. Por lo tanto, los asuntos denunciados caían dentro de la jurisdicción de Rusia en virtud del artículo 1 de la Convención. Cualquier privación de libertad debía tener una base jurídica en el derecho nacional y ser compatible con el Estado de derecho. En Mamasakhlisi y otros c. Georgia y Rusia, se examinaron denuncias relativas a arrestos y detenciones ilegales en espera de juicio y tras condenas, ordenadas por las autoridades abjasias”.
Comprueba que “(…) Georgia había tomado las medidas pertinentes dentro de su poder, desplegando esfuerzos nacionales e internacionales suficientemente encaminadas a continuar garantizando los derechos y libertades consagrados en la Convención para los que viven en Abjasia”.
El Tribunal concluye que, “(…) fueron las autoridades georgianas quienes habían permitido la liberación de los demandantes después de diez meses de intensas y específicas negociaciones, mientras que las autoridades rusas no habían hecho ningún esfuerzo para abordar las quejas de los demandantes una vez que fueron notificados. Como Rusia había ejercido un control efectivo sobre Abjasia durante el período en cuestión, era responsable”.
Al tenor de lo expuesto, el Tribunal condenó a Rusia a pagar 16.000 euros a cada uno de los demandantes por concepto de daño moral.
Vea sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos 42126.15 y 42127.15.