La Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California ha dado luz verde a la normativa que simplifica la implementación de la «reutilización potable directa» (DPR por sus siglas en inglés), un método mediante el cual las aguas residuales tratadas se incorporan directamente al sistema público de agua, o se mezclan en una planta de tratamiento.
La reutilización de aguas residuales no es nueva en California, ya que las empresas de servicios públicos han practicado la «reutilización potable indirecta» durante mucho tiempo, inyectando aguas residuales tratadas en reservas ambientales antes de descargarlas en sistemas públicos. Sin embargo, a diferencia de este enfoque, la DPR no utiliza acuíferos subterráneos ni barreras ambientales de almacenamiento, liberando las aguas residuales tratadas directamente en plantas de tratamiento o mezclándolas con otras fuentes de agua.
Aunque la junta estatal aprobó las reglas, la implementación de los sistemas DPR llevará tiempo. Las regulaciones deben ser aceptadas por la Oficina de Derecho Administrativo del estado, un proceso que se espera ocurra en el verano u otoño del próximo año. Solo entonces las empresas de servicios públicos comenzarán la construcción de estos proyectos, que, en su mayoría, tomarán varios años en completarse.
Es importante destacar que California no es el primer estado en adoptar reglas de DPR; Colorado lo hizo en enero, aunque hasta ahora ninguna empresa de servicios públicos ha utilizado estas reglas. Texas ha publicado una guía regulatoria para el DPR caso por caso, mientras que Florida y Arizona están trabajando en reglas similares.
Se anticipa que las regulaciones de California serán rigurosas y aplicables a proyectos a escala comercial en fases de planificación. Estas regulaciones tienen su origen en el proyecto de ley AB 574 de 2017, que exigió que la junta adoptara criterios uniformes para la reutilización potable directa antes del 31 de diciembre de 2023.
Las nuevas regulaciones detallan un enfoque meticuloso para controlar y monitorear químicos y patógenos, con énfasis en la eliminación de contaminantes biológicos. La «triple redundancia» se ha incorporado para garantizar la seguridad del agua tratada. A pesar de desafíos históricos, como la campaña de San Diego en la década de 1990, se espera que estas regulaciones impulsen proyectos sostenibles y mitiguen los problemas asociados a la reutilización potable directa.
Vea texto del proyecto de ley.