La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la ministra instructora, María Soledad Melo, que acogió la solicitud de extradición de un ciudadano colombiano, para ser juzgado por homicidio agravado en su país de origen.
El requerido -junto a otros coimputados- participó en 2017 de un brutal asesinato en contra de un hombre en el municipio de Pueblo Rico, Colombia, acribillando a la víctima mientras dormía junto a su esposa.
Las investigaciones preliminares de las autoridades colombianas dieron cuenta que el homicidio agravado fue cometido por encargo, en lo que se presume un ajuste de cuentas.
En tales circunstancias, el requerido escapó de su país para burlar el actuar de la justicia y obtener la impunidad, siendo finalmente detenido en la ciudad de Punta Arenas para ser llevado ante la justicia nacional.
De esta forma, el Ministerio Público -en representación del estado colombiano-, argumentó que los hechos por los que se requiere al imputado revisten tal gravedad, que las piezas del proceso adjuntas por el Estado requirente sustentan una acusación fiscal, si el mismo acto se hubiera cometido en Chile.
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En mismo orden de razonamiento, la ministra instructora hizo lugar a la extradición, luego de razonar que, “(…) es dable afirmar que el ente persecutor cuenta con un conjunto suficiente de medios de prueba, directos e indirectos, verosímiles y concordantes, que dan cuenta de la existencia del delito y de la alta probabilidad de participación y responsabilidad penal del requerido, lo que permite justificar la conveniencia de someterlo a un juicio de fondo para determinar su inocencia o culpabilidad en los hechos investigados, ya que sin duda superan el estándar de convicción exigido por la norma analizada y el fundamento serio requerido para acusar”.
La decisión fue confirmada por la Corte Suprema quedando a firme el fallo apelado, y el requerido deberá ser entregado inmediatamente a las autoridades colombianas para su traslado a aquellas tierras y su posterior juzgamiento.
Vea sentencias Corte Suprema Rol Nº9.297-2024 y Corte Suprema Rol Nº119.640-2023.