Una jueza federal de EE.UU declaró admisible la demanda que el gobierno mexicano interpuso contra cinco vendedores de armas radicados en el Estado de Arizona, Estados Unidos, resolviendo que la acción judicial puede proseguir. La decisión, dictada por la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Rosemary Márquez, marca un hito en los esfuerzos por combatir el flujo ilegal de armas hacia México para abordar la creciente violencia en el país.
En su extenso fallo, la jueza desestimó rotundamente las afirmaciones de los abogados de los demandados, quienes alegaban que sus actividades estaban dentro del marco legal de Arizona. La magistrada dictaminó que existen pruebas contundentes de que las armas vendidas por los acusados terminan siendo utilizadas por grupos delictivos en suelo mexicano.
El caso, que ha estado en curso durante dos años, se centra en las acusaciones de México de que cinco tiendas de armas han estado involucradas en ventas ilegales que alimentan la violencia en el país. Se citan ejemplos específicos, como la venta de rifles AK-47 y otras armas de fuego a individuos sin los controles adecuados, lo que sugiere un patrón de conducta que desafía las leyes tanto estadounidenses como internacionales.
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De esta forma, el Tribunal resolvió que los demandados no están protegidos por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que consagra el derecho a poseer y portar armas. Según el fallo, esta enmienda no ampara las ventas ilegales de armas de fuego a México.
Los abogados de México han celebrado el fallo como un «gran paso adelante en la lucha contra el tráfico ilegal de armas y la violencia armada”. Si bien los daños reclamados ascienden a una suma de 238 mil millones de dólares, incluso en un año, reconocen que la recuperación completa de estos fondos es poco probable. Sin embargo, una victoria en el caso sentaría un importante precedente y contribuiría a reducir el riesgo de futuros daños.
Por su parte, los abogados de los vendedores aún no han emitido una respuesta oficial al fallo. Sin embargo, con el camino despejado para un juicio, se espera que el caso continúe generando atención y debate sobre el control de armas, la seguridad fronteriza y la responsabilidad de los comerciantes en el tráfico ilegal de armas.