La iniciativa, patrocinada por los senadores Juan Castro, Iván Flores y Manuel José Ossandón, junto a la senadora Paulina Núñez, crea una nueva ley que establece medidas de seguridad para el transporte terrestre de personas.
Los autores de la moción aseguran que nuestro país está viviendo una de las mayores crisis de seguridad en su historia republicana donde los fenómenos delictivos han mutado en el tiempo en delitos cada vez más violentos y graves. En efecto, la matriz de riesgos que amenaza a nuestro país se está transformando y enfrentamos nuevos fenómenos como inmigración desatada, trata de personas, narcotráfico, organizaciones criminales y organizaciones insurgentes. Razón por la cual, se debe organizar y articular las capacidades del Estado y los privados para enfrentar los nuevos riesgos y amenazas.
En función de lo anterior, sostienen la necesidad de tomar medidas rigurosas para la protección de nuestros ciudadanos, abordando el fenómeno delictual desde una perspectiva integral que no solo implica adoptar acciones por parte de nuestras policías, sino también desde los distintos actores tanto públicos o privados, como las empresas de transporte terrestre para poder integrar las capacidades e información a fin de coordinar las acciones y establecer una respuesta integrada, única y eficaz.
Sostienen que el extenso territorio de nuestro país debe ser protegido y monitoreado, hoy los inmigrantes ilegales transitan de una región a otra sin ningún registro o monitoreo por parte de un ente público o privado, generando una situación de caos en nuestro país que impide la adecuada planificación del gobierno central y de los gobiernos regionales para enfrentar el fenómeno migratorio. Además, las medidas que proponen permitirán facilitar el trabajo de las policías para efectos de la prevención del delito y de la investigación propiamente tal, permitiendo conocer la ubicación de imputados con órdenes de detención o de quienes incumplan medidas cautelares. Por este motivo, sostienen que las empresas de transporte terrestre deben apoyar la labor de las policías y del Ministerio Público, siendo entonces, menester, adoptar deberes y obligaciones por parte de las empresas a fin de entregar protección integral a los usuarios y a la población en general.
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Es por esto que, la iniciativa contempla la obligación de exigir cédula de identidad o pasaporte vigente a quienes usen el transporte interregional, e informar, además, a las policías sobre el registro de usuarios que transiten en ellos.
En concreto, proponen legislar para que las personas jurídicas y empresas que presten servicios de transporte terrestre interregional de pasajeros, exijan que se entregue la cédula nacional de identidad o pasaporte vigente de los pasajeros correspondientes a cada boleto o pasaje, e informen a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones de Chile, por medios digitales, la lista de pasajeros al momento del ingreso al vehículo de transporte terrestre, entre otras medidas de control, bajo las sanciones que la iniciativa prevé.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
Vea texto de la moción Boletín N° 16.703-25 y siga su tramitación aquí.