El Consejo de Estado de Francia dictaminó la suspensión cautelar de un decreto gubernamental que prohíbe el uso de términos cárnicos, como filetes, escalopas y jamón, para referirse a productos creados a base de vegetales. Esta medida fue objeto de controversia desde su publicación el 27 de febrero pasado, luego que seis empresas incoaran un procedimiento ante el Consejo para impugnar la resolución del gobierno.
La suspensión cautelar se produce mientras se espera una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), respecto a una consulta planteada por el Consejo en relación a un decreto previo que perseguía un objetivo similar, que fue anulado por el Consejo Constitucional.
El caso refleja un enfrentamiento entre el sector de la producción de alimentos cárnicos y los fabricantes de productos vegetales, quienes han defendido su derecho a utilizar términos tradicionalmente asociados con sus productos.
Noticia Relacionada
El decreto suspendido permitía el uso de algunos términos cárnicos en productos vegetales, siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos, como la inclusión de una proporción regulada de proteína vegetal. La decisión de suspender el decreto evidencia la complejidad y sensibilidad del asunto, así como la necesidad de un debate más amplio sobre la regulación de los productos alimenticios.
“La prohibición perjudicaría grave e inmediatamente los intereses de las empresas que comercializan estos productos. Como resultado de este decreto, diversas empresas francesas deberán renunciar a denominaciones como «filete de verduras», «tocino de verduras», «tocino de verduras», utilizados desde hace mucho tiempo, al estar arraigados en la mente de los consumidores y aparecer en las cartas de los restaurantes”, señala el Consejo.
“También conlleva costes vinculados a modificaciones a realizar en términos de embalaje y estrategia comercial, y un cese temporal de las ventas. Además, los competidores, que fabrican sus productos en otros países europeos, podrán seguir utilizando estos nombres para vender sus productos en Francia después del 1 de mayo. En el caso tampoco se demostró que una aplicación rápida de la prohibición respondiera a razones de interés público que pudieran cuestionar la urgencia invocada por las empresas afectadas”, concluye el Consejo.